La diáspora saharaui junto a su juventud denuncian desde Bilbao que la casa de la familia Jaya se encuentra asediada ilegalmente desde el 19 de noviembre de 2020 a base de continuos maltratos físicos, psicológicos, sexuales y violaciones a sus Derechos Humanos.
La casa de la familia Jaya se encuentra asediada desde el pasado 19 de noviembre del año 2020. Un arresto domiciliario sin motivación jurídica que hoy cumple 291 días.
La orden de desahucio estaba fijada para el 29 de abril a las 9.15 horas y ni el Ayuntamiento de Barakaldo, ni Etxebide-Gobierno Vasco habían ofrecido una alternativa habitacional.
A través de una carta enviada a Pedro Sánchez, la activista solicita el cese de la criminalización tras haber sido expulsada "violentamente" de Marruecos, país donde vive junto a su familia y ayuda a miles de personas migrantes desde hace 20 años.
“Los servicios sociales y las instituciones, incapaces de ofrecer una alternativa habitacional real para esta familia con tres niñas de menos de 7 años, se enrocan en una única opción: una habitación de hostal”.
El Sindicato de Vivienda AZET ha realizado una asamblea en Karmela para dar continuidad al caso de Leonor y organizar la resistencia ante el desahucio previsto para el 1 de abril en Santutxu, Bilbao.
"Me llamo Leonor, tengo 42 años y soy vecina de Basarrate, Santutxu. Tengo tres hijos, de 7 años, 6 años y 6 meses. Mi familia está en peligro de quedarse en la calle el 1 de abril, dentro de pocos días. Desde que formé mi familia, siempre que me he dirigido a las distintas administraciones en busca de asistencia me han contestado con un clásico "vuelva usted mañana".
Berri-Otxoak denuncia que este caso se une al de otra familia con una niña de 9 años que vive en una habitación cuya renta no puede ya abonar.
Con el belén viviente han querido denunciar el peligro al que exponen a la niña. Sin ir más lejos, la denegación del cheque comida y la llegada de la Navidad dejan a la menor sin la única comida diaria completa que recibía en el comedor escolar.
Agrupaciones han denunciado el abandono de las instituciones públicas, a las que han acusado de perpetuar el desahucio al no ofrecer a Alarni, Bahia y sus hijas una solución.
