El lanzamiento judicial en Uribe Kosta que se iba a realizar mañana jueves 17 de septiembre queda finalmente suspendido. Según información proporcionada a este medio por Kaleratzerik EZ! * Plataforma de Afectadas por la Hipoteca Bizkaia (PAH).
Adjuntamos la nota de prensa publicada la mañana de este miércoles 16 de septiembre para que quede constancia de la denuncia inicial realizada por la PAH-Bizkaia:
Una familia miembros de 16 a 72 y 75 años. Comenzaron las obras antes que se celebrase el juicio. Ahora tienen que matar a los animales y aves, y dedicar el dinero de las obras a buscar una salida. Se trata de un alquiler centenario, que ya lo habían alquilado sus padres, y nunca ha habido problemas a la hora de pagar el alquiler, ni se niegan a pagar el alquiler durante el tiempo que duren las obras.
Se produce en tiempos difíciles, una pandemia sanitaria, social y económica. A la que la sucederá la pandemia económica y con unas jubilaciones agrarias mínimas lejos de lo que es la R.G.I. les va a afectar. Pero no preocupa a las instituciones.
Sus circunstancias de vivir en un caserío, con animales y cultivando la tierra no se tiene en cuenta. Como no se tiene en cuenta la COVID-19. Se tiene en cuenta de deseo de los propietarios de recuperar sus propiedades y poder negociar para que se construyan viviendas de lujo. Eso sí, no antes de primavera, pues el ayuntamiento no lo permite. El haber permitido seguir vivienda hasta terminar las obras no hubiese generado ningún coste económico y, parece que tampoco se tiene en cuenta. Tampoco se tiene en cuenta, en este caso, las alegaciones que se presentaron por la familia y Kaleratzerik EZ! * Plataforma de Afectadas por la Hipoteca Bizkaia. En otros casos, sin pandemias y otras condiciones “más” favorables, se han conseguido suspensiones de lanzamientos judiciales.
La comisión judicial acudirá, por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Getxo, acompañada por la Ertzaintza a ejecutar el lanzamiento o desalojo.
Se interpreta la ley, de forma muy restrictiva y de forma muy fría, muy distante y sin tener en cuenta que va a afectar a Seres Humanos.
Una vez más las familias vulnerables en este sistema económico sale perdiendo y, sin tener en cuenta sus condiciones de vida en el presente ni en el futuro. Y que haberles permitido terminar las obras del caserío al que se quieren ir a vivir no generarían coste alguno a nadie.
Un lanzamiento como éste es inadmisible, y más, padeciendo una pandemia global.
Los políticos a la hora de elaborar la normativa legal tienen que mirar menos cómo se favorece a “don dinero”, Fondos “Buitre”, Banca… y se debe tener presente a los más débiles, a los Seres Humanos de edad avanzada y a los menores entre otros.
Desde Kaleratzerik EZ! * Plataforma de Afectadas por la Hipoteca Bizkaia decimos que acompañaremos a la familia y que esta adversidad nos da fuerzas para seguir luchando por el derecho a una vivienda digna y adecuada. Se reconoce expresamente en el artículo 47 de la Constitución de 1978: para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística.“Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística.”
La normativa internacional debe estar presente a la hora de aplicar la propia. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas dice: Cuando el desalojo esté justificado, las autoridades competentes deberán garantizar que se lleve a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto, incluido el principio de la dignidad humana y en observancia de los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad (…).
Se necesita una legislación más justa para regular un derecho humano, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25. La vivienda no debe ser un bien especulativa para una minoría y drama pala inmensa mayoría de la ciudadanía empobrecida que tiene opción a comprar. Se necesita se tomen medidas para que la vivienda deje de ser un drama y sea un derecho, en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. La injusticia por muy legal que sea debe terminar en beneficio social. Las instituciones públicas no pueden seguir ignorando el drama de la vivienda cuando ese drama se va a incrementar con la pandemia económica que está generando la COVID-19.
Esta familia va a ser lanzada mañana porque las instituciones públicas han abandonado su obligación de velar por el bien toda la sociedad y vela sólo por unos pocos. Aski da!!!
¡SÍ SE PUEDE! PERO NO QUIEREN.
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