Por Berri-Otxoak
Reproduciendo «en cajas de cartón» las acciones habituales que se realizan en una vivienda, denuncian que un año más se mantienen los principales recortes planteados en presupuestos anteriores y que la «irrisoria» subida del 3% de la RGI no alcanza a cubrir el alarmante incremento del IPC de estos meses.
A la gravedad de esta situación se le suma la reiterativa vulneración de derechos que sufren miles de familias usuarias de Lanbide y de los servicios sociales municipales, a las que no se les indexan sus cuantías al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
«El último incremento del SMI debería situar la cuantía de la RGI para 2022 en 991€ mensuales (en 12 pagas). Sin embargo, el Gobierno Vasco pretende continuar con esta situación para que la cuantía se quede en los 727€, lo que supone dejar de percibir 265€ mensuales menos de lo que por derecho corresponde, o lo que es lo mismo: recortar la cuantía en un 30%», han concretado.
También han alertado de que pensionistas y personas dependientes perderán mayor poder adquisitivo con este proyecto de presupuestos: «el complemento de pensiones, una de las modalidades de RGI que gestiona Lanbide, debe alcanzar según la actual normativa los 1.126€ (en 12 pagas), pero el Gobierno Vasco lo sitúa en 834€. Esto implica que al 24% de las unidades de convivencia preceptoras de esta prestación (13.000 familias pensionistas) se les recorte cerca de 300€ todos los meses».
Del mismo modo, el proyecto contempla un recorte del 20% en las Ayudas de Emergencia Social (5 millones de euros menos). «Si su cuantía ya era escasa, ahora será claramente insuficiente para garantizar a miles de familias el acceso y mantenimiento de su vivienda habitual o la cobertura de necesidades básicas como alimentación, educación y atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (gafas o dentista)» han declarado indignadas.
La lluvia de recortes alcanza otro año más a la cuantía de las ayudas al alquiler, que ya sufrieron un tijeretazo en 2011 y que en la última década no han sido actualizadas proporcionalmente respecto a la subida de los alquileres, que aumentan desmesuradamente año tras año. «Se prevé disminuir la prestación en el año 2011 un 20% en 2022: de 320€ a 275€ mensuales, lo cual deja de garantizar el objetivo para el que están destinadas estas ayudas. ¿Cuál es el precio medio para el alquiler de una sola habitación?» inquieren retóricamente.
Concluyen que «el proyecto de presupuestos aprobado por el Gobierno Vasco para 2022 no tiene en cuenta ni la realidad de empleos precarios de las familias, ni los actuales precios de alquileres, totalmente desbocados. Sólo ahondan en la senda de los aplicados desde hace ya una década”.
La plataforma contra la pobreza manifiesta estar «cansada de la hipocresía del Gobierno vasco», pues mientras realiza recortes, en su “Encuesta de Pobreza y Desigualdades” admite que un tercio de la población se encuentra con serias dificultades para llegar a fin de mes, que el 19,9% (432.219 personas) indica una situación de pobreza, que el 8% de la población (174.176 personas) está en riesgo de pobreza, que el 5,6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.
Asimismo, el Gobierno Vasco admite en la misma encuesta que Lanbide no atiende a cada una de tres (54.197) personas en situación de exclusión grave y que la pobreza infantil ha crecido casi un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años.
Cabe recordar, que según el último estudio elaborado por el “Observatorio de Pobreza y Desigualdad” a inicios de 2019, antes de la actual situación de pandemia y crisis social, las situaciones de desigualdad en la Comunidad Autónoma Vasca ya estaban incrementándose; el 21% de la población estaba en riesgo de pobreza y el 9,18% vivía en extrema pobreza. Las situaciones de necesidad afectaban al 15% de personas con estudios medios o superiores en Euskadi y se agudizaba notablemente entre el colectivo de mayores de 65 años, alcanzando al 19%.
«El Gobierno Vasco y los partidos que lo sustentan vuelven a dar la espalda a la realidad de las miles de familias empobrecidas residentes en la CAPV: no garantizan el derecho a una vivienda digna y empobrecen aún más a quienes menos tienen recortando presupuesto a las Ayuda de Emergencia, a las prestaciones gestionadas por Lanbide y las ayudas al alquiler de Etxebide».
Las personas concentradas han exigido finalmente al Gobierno Vasco que «revierta su actual política de recortes, sea consecuente con la actual situación de crisis socio-sanitaria y económica, garantice los derechos y necesidades de todas las familias y cumpla las leyes que amparan a la población más vulnerable en materia de vivienda, salud y cobertura de sus necesidades más básicas”, han apostillado.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus cerca de 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.000 familias.
