El 31 de enero fue desalojada de su vivienda una mujer con tres hijos menores a cargo de 5, 11 y 14 años, con acreditación de víctima violencia machista y orden de alejamiento en vigor. Esta mujer lleva acogida un mes en un recurso para mujeres víctimas de violencia machista.
Hoy han escenificado el “amor a los recortes” que siente el equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa Amaia del Campo (PNV) y el portavoz del grupo municipal Alfredo Retortillo (PSE).
Argitan y Berri-Otxoak exigen a las administraciones frenar este desahucio y dotar a esta mujer de una alternativa habitacional digna, como obliga la actual legislación.
Agitan y Berri-Otxoak denuncian ante las oficinas de Alokabide en Bilbao el procedimiento de desalojo instado contra una mujer que posee un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales y orden alejamiento en vigor por ser víctima violencia machista.
Berri Otxoak se concentra contra el gasto militar y el TAV en denuncia de los presupuestos de 2022, que no compensan las necesidades sociales ante el contexto de crisis económica socio-sanitaria que estamos atravesando.
Berri Otxoak se ha concentrado en denuncia contra los presupuestos de 2022, que no garantizan el derecho a una vivienda digna y que empobrecen aún más a aquellas personas que requieren de prestaciones para poder cubrir sus necesidades más básicas.
Berri-Otxoak ha protestado ante la Delegación del Gobierno Vasco de Bilbao en denuncia por los recortes sociales contemplados en el proyecto de presupuestos que dicha administración pretende aplicar el próximo año.
Amaia, ex-concejal socialista de 53 años, murió trágicamente un día 9 de noviembre de 2012 tras arrojarse por la ventana cuando la comisión judicial iba a proceder al desahucio de su vivienda.
La mayoría de los desalojos de vivienda en propiedad siguen siendo impulsados por Kutxabank y La Caixa, entidad financiera que desalojó a Egaña hace 9 años.
La "mínima" subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no se reflejará en la cuantía actual de la RGI, la cual se verá recortada en un 30% (285 euros menos al mes) respecto a lo que dicta la Ley en vigor.
