Denuncian que Lanbide, el organismo gestor del IMV en la CAV, ha estado delegando desde el primer momento sus funciones en la Seguridad Social. Además de no formalizar las solicitudes del IMV, deniega la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a quienes no lo soliciten previamente.
Una instrucción emitida por Lanbide impide la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como unidad de convivencia diferenciada, a las familias monomarentales con menores a cargo, mayores de 2 años.
La protesta se produce porque, desde el pasado 14 de diciembre, el Gobierno Vasco, a través del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, ha dejado sin efecto parte del decreto 147/2010 sobre la RGI y ya no reconoce como unidades familiares o de convivencia (UC) con derecho a RGI a las madres y padres solteras con hijos e hijas que sean mayores de 24 meses y que convivan en un mismo piso con otra persona durante 12 meses, con prórroga excepcional de un año.
Según los datos ofrecidos por el Gobierno Central, desde la apertura del plazo el 15 de junio hasta el mes de diciembre, el 99,25% de las solicitudes del IMV realizadas en la Comunidad Autónoma Vasca (11.328) están pendientes de tramitación. De ellas, únicamente 16 han sido aprobadas y abonadas, mientras que solo 69 estaban tramitándose.
Berri-Otxoak denuncia que Lanbide no informa detalladamente de las cantidades que reclama y, además, vulnera el artículo 44 al superar el límite de cuatro años de la obligación de reintegro.
Berri-Otxoak denuncia el retraso en la tramitación de las solicitudes del IMV en Barakaldo. Desde junio, solo se han emitido 16 resoluciones de 8.621.
Berri-Otxoak denuncia que 4 de cada 5 personas desempleadas del municipio no pueden beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por la dejadez de funciones de Servicio Vasco de Empleo-Lanbide. E instan al PNV y al Partido Socialista a que hagan cumplir al ente público con su obligación de tramitación de este subsidio.
El Servicio Público Vasco de Vivienda (Etxebide) niega a la mujer su inscripción en el registro de solicitantes de vivienda protegida y, como consecuencia, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) reclama a la víctima 3.800 euros.
Etxebide niega a la mujer su inscripción en el registro de solicitantes de vivienda protegida y, como consecuencia, Lanbide reclama a la víctima 3.800 euros.
Según Berri Otxoak, esta actuación “deja en evidencia” al director general de Lanbide, Borja Belandia, que el 23 de junio pasado aseguró que el servicio de empleo sí estaba realizando el trámite y negó que se estuviera bloqueando.
