Protestan ante Lanbide contra los recortes recogidos en la propuesta de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos que aseguran “empobrecerán aún más a quienes menos tienen".
Protesta contra los recortes a las prestaciones que perciben familias monomarentales, mujeres víctimas violencia machista, trabajadoras en precario, viudas o mujeres desempleadas.
Berri-Otxoak ha protestado ante la Delegación del Gobierno Vasco de Bilbao en denuncia por los recortes sociales contemplados en el proyecto de presupuestos que dicha administración pretende aplicar el próximo año.
El Servicio Vasco de Empleo, a sabiendas que unas deudas estaban prescritas hace más de 4 años, reclamó su reintegro al abogado Iñaki Carro y a otras 2.668 personas titulares de la RGI y PCV.
Activistas de Berri-Otxoak denuncian que el Servicio Vasco de Empleo una vez más hace oídos sordos a las resoluciones dictadas por los juzgados de los Contencioso Administrativo y el Defensor del Pueblo- Ararteko.
Berri-Otxoak asegura que el último borrador de ley presentado por la Consejera de Empleo y Trabajo, ahonda aún más en los recortes de su partido del 2012, en la anterior crisis económica y social.
El entonces director general de Lanbide, Borja Belandia, aseguró que “ninguna de las personas que presentaran su solicitud a través de Lanbide vería minorados sus derechos”. Esa promesa no se ha cumplido y las consecuencias están siendo desastrosas.
Denuncian que Lanbide, el organismo gestor del IMV en la CAV, ha estado delegando desde el primer momento sus funciones en la Seguridad Social. Además de no formalizar las solicitudes del IMV, deniega la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a quienes no lo soliciten previamente.
Una instrucción emitida por Lanbide impide la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como unidad de convivencia diferenciada, a las familias monomarentales con menores a cargo, mayores de 2 años.
La protesta se produce porque, desde el pasado 14 de diciembre, el Gobierno Vasco, a través del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, ha dejado sin efecto parte del decreto 147/2010 sobre la RGI y ya no reconoce como unidades familiares o de convivencia (UC) con derecho a RGI a las madres y padres solteras con hijos e hijas que sean mayores de 24 meses y que convivan en un mismo piso con otra persona durante 12 meses, con prórroga excepcional de un año.
