En un artículo de opinión firmado por Kontxi Rebollo Ortega, Ramón Ugarte Libano y José Ignacio Martínez Ortega, los autores denuncian que los recortes en la sanidad pública vasca se repiten varios meses al año y no responden a situaciones excepcionales.
La protesta, encabezada por Olentzero y Mari Domingi, denunció el desmantelamiento progresivo de los servicios sociales municipales.
Osakidetza reducirá horarios en la mayoría de los centros de salud, mientras que algunos ambulatorios permanecerán cerrados varios días consecutivos.
Cierre del 37% de centros de salud bajo el pretexto de menor demanda estacional. Pero los pacientes, curiosamente, no se van de vacaciones.
Berri-Otxoak denuncia que, mientras se declara Barakaldo como zona tensionada de vivienda, el equipo de gobierno continúa recortando el acceso a las Ayudas de Emergencia Social.
Lanbide retira la RGI a una mujer, pensionista por Incapacidad Permanente Total, que compartía piso, tras asumir la existencia de una pareja y unificar su unidad de convivencia e ingresos.
Denuncian que el Ayuntamiento sigue sin dotar de un suficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurece los requisitos de acceso y recorta la cuantía de las prestaciones.
Miles de personas se han echado a las calles en las 3 capitales vascas para exigir un sistema sanitario público, fuerte, universal, gratuito y de calidad.
“Mientras se recortan las partidas destinas al gasto social, se destinan a las obras del tren de alta velocidad 67 millones de euros; y 18 millones de euros más para la Variante Sur Ferroviaria”.
Tras el Día de los DD.HH, advierten que las políticas de recorte, el buzón antifraude o los registros de la Ertzaintza estigmatizan a las miles de familias que perciben prestaciones sociales de Lanbide.
