Con este panorama social, el Punto de Información sobre Derechos Sociales de Barakaldo reabre sus puertas este 15 de septiembre, en su 28º año de actividad, para atender y orientar a cientos de familias que buscan respuestas frente a la precariedad.
Las concentraciones de los lunes volverán con más fuerza en los cuatro herrialdes.
El domicilio legal vuelve a ser el filtro excluyente de la ayuda social.
Lanbide retira la RGI a una mujer, pensionista por Incapacidad Permanente Total, que compartía piso, tras asumir la existencia de una pareja y unificar su unidad de convivencia e ingresos.
El Servicio Vasco de Empleo presupone erróneamente que por el mero hecho de compartir vivienda con otra persona, se estaría produciendo una relación sentimental.
Un hombre acudió a las oficinas de Lanbide en Zalla para justificar su imposibilidad de participar en cursos de formación por graves problemas de salud. Presentó un informe médico, el cual, “no fue tenido en cuenta”, denuncian.
El Sindicato Socialista de Vivienda, Argilan-ESK y Berri-Otxoak han conseguido que el TSJ anule el art.22 del Decreto 173/2023 de la RGI, lo que pone fin a un requisito que estaba "expulsando del sistema" a quienes comparten vivienda.
Berri Otxoak denuncia que el Juego del Calamar parece haber sobrepasado la ficción, pues ya son 8.195 personas trabajadoras con empleos precarios las que se verán afectadas por los recortes y medidas de Lanbide y Gobierno Vasco.
“Mientras se recortan las partidas destinas al gasto social, se destinan a las obras del tren de alta velocidad 67 millones de euros; y 18 millones de euros más para la Variante Sur Ferroviaria”.
Buzón antifraude, registros de la Ertzaintza en los hogares y nuevos recortes en las prestaciones sociales; medidas que empobrecen aún más la situación de 8.030 personas trabajadoras.
