A través de una comparecencia ante los medios hace escasos días, los sindicatos recordaron que a mediados del pasado mes de noviembre, Sergio Murillo, Diputado de Acción Social, anunció en Juntas Generales de Bizkaia, la privatización del Centro de Día Lurgorri en Gernika, que daba un servicio público a 15 personas con diversidad funcional (discapacidad). Esto implica que el centro, pasará a ser gestionado íntegramente por una entidad privada.
Otros de los cambios anunciados fueron que el Centro Asistencial de Gallarta con capacidad para 64 residentes de tercera edad, cerrará sus puertas a este servicio minorizando el número de plazas residenciales para este sector de la población. De aquí en adelante, el centro se dedicará a atender a personas con discapacidad. Además, abren un nuevo centro en el municipio de Mundaka, destinado a personas con diversidad funcional, pero con todos los servicios privatizados excepto la atención directa, lo que provocará la destrucción de puestos de trabajo del grupo E en el IFAS, denuncian.
Para los entidades sindicales, estas medidas nos presentan: por una parte, un nuevo recorte de los Servicios Públicos que reduce el servicio destinado para personas mayores, y por otra, un paso más hacia el modelo de titularidad pública y gestión privada que la Diputación y los partidos políticos que aseguran, la “sustentan”, e incluso, la “defienden”.
Actualmente, el Territorio Histórico de Bizkaia cuenta con una red de 154 residencias autorizadas para personas mayores, con 10.748 plazas. El Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), organismo Autónomo adscrito al Departamento de Acción Social de Bizkaia, precisan que hasta ahora contaba con 400 plazas públicas socio-sanitarias y para personas mayores, pero que a partir de ahora quedarán 336 plazas, “una cantidad insignificante” de plazas gestionada públicamente, se lamentan.
“Y todos estos cambios, al amparo de la pandemia, con respuestas dilatorias y con mentiras, obedecen a unas líneas políticas muy claras, privatizar el sector de los Servicios Sociales Públicos”.
Para LAB, ELA, UGT, CCOO y SATSE, la pandemia ha reflejado las debilidades y la falta de idoneidad del modelo de cuidados actual y la alta calidad asistencial que ofrecen los Servicios Sociales públicos, pero “el negocio es el negocio”, denuncian.
Explican que todo obedece a la estrategia de aumentar ganancias y sostener empresas que se dedican a dar este servicio con bajos costes y grandes beneficios. “Son sus empresas y tienen en sus manos un sustancioso e interminable negocio, porque se aprovechan de la necesidad” han criticado.
Un ejemplo de ello, denuncian, es la dinámica de privatizaciones que empezaron con los servicios de limpieza, después el de cocina, el de vigilancia… y ahora, aseguran que “están destruyendo el grupo E de la administración, todo ello a costa de las personas que trabajan en condiciones indignas y a costa de las personas dependientes y más desfavorecidas de la población”.
Las organizaciones sindicales afirman haber ido demostrando que el sector público está cualificado y es garante de calidad, al contrario del sector privado, donde señalan que “se priorizan los intereses económicos por encima de la calidad del servicio”. Una muestra de esto es que para reforzar y controlar la pandemia en el sector privado de las residencias (tercera edad y discapacidad), explican que la Diputación Foral de Bizkaia ha creado grupos de Inspección, Control y Prevención de las Infecciones con personal público (IFAS), y ha contratado profesionales públicos para el Centro-Covid Birjinetxe, para los grupos de Respuesta Rápida (que actúan ante un posible brote en residencias) y para diferentes coordinadores/as COVID. Personal bien formado y con trayectoria profesional cualificada. Es decir, el sector privado está necesitando paliar sus carencias con recursos públicos, y por tanto, afirman que hay que reforzar los servicios públicos.
Estos servicios públicos, aseguran que no están para generar intereses económicos, sino para ofrecer bienestar general, pero enfatizan en que “las estrategias políticas están destinando dinero público a bolsillos privados”, y que posiblemente, “esos bolsillos privados financien parte de esas políticas, cerrando el círculo con grandes intereses y beneficios en manos de unos pocos”, han remarcado.
Por eso los sindicatos se han movilizado hoy ante las Juntas Generales de Bizkaia, al igual que lo volverán a hacer junto a trabajadores/as, y a la ciudadanía en general, el viernes 18 de diciembre a las 11:00 Palacio Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, para denunciar que estas políticas que no están al servicio de la ciudadanía que dicen representar. Aseguran que no están defendiendo los servicios públicos, sino que “están defendiendo sus intereses partidistas y NO LO VAMOS A PERMITIR”.
El desmantelamiento de los Servicios Públicos del IFAS es muy grave. Y señalan al Diputado de Acción Social y al Diputado General como responsables directos de ello. “Si alguien sobra en lo público, son los responsables de estas políticas”, han sentenciado.
Las centrales sindicales con representación en IFAS rechazan absolutamente estas decisiones y avisan: primero, que no van a permitir que haya ni una privatización más. Segundo, que no van a permitir que dejen a las personas más desfavorecidas de la población sin los servicios de calidad que merecen. Y finalmente que se cuestione el actual modelo de titularidad pública y gestión privada.
