Recordemos que el pasado 22 de diciembre se realizaron concentraciones en los centros de salud de atención primaria de Osakidetza para denunciar la insostenible situación. Sin embargo, la situación ha empeorado aún más. La escasez de las plantillas es ya tan evidente que Osakidetza ha decretado, entre otras, medidas como el autotest COVID, es decir, que cada paciente recoja su propia muestra por carecer de un número suficiente de profesionales para realizar esta tarea.
Por desgracia, no se trata de una situación coyuntural fruto de la pandemia. La actual crisis sanitaria ha venido a agravar, aún más, una situación que es estructural y muy anterior a la pandemia. Ya en 2019, los trabajadores y trabajadoras de la primaria secundaron tres jornadas de huelga para denunciar la gravedad de la situación que se vivía entonces. A día de hoy, dos años después, la situación ha ido a peor.
La pandemia, además de precarizar aún más las condiciones de trabajo del colectivo y la calidad asistencial que se ofrece a la ciudadanía, se ha convertido también en una excusa para que Osakidetza aplique recortes y dificulte la accesibilidad de los y las pacientes a la sanidad pública. Todo ello, unido a la falta de planificación y falta de refuerzo e inversión, y al aumento exponencial de la carga de trabajo derivada de la gestión de la pandemia, ha colocado a la atención primaria contra las cuerdas. La estrategia programada de desmantelamiento de la primaria sigue su curso mientras Osakidetza continúa utilizando la COVID 19 para tapar un déficit estructural.
Solo así se entiende que, casi dos años después de la primera ola, se esté afrontando la sexta con una flagrante falta de medios, de organización y de planificación; que hace apenas dos meses Osakidetza decidiera prescindir de 4.000 profesionales; que hace unos días se estuviera exigiendo al personal residente trabajar gratis; que la plantilla soporte una tasa de temporalidad que roza el 60%; que se hayan desmantelado los equipos de vacunación y rastreo; que no se sustituyan bajas, vacaciones y otras ausencias; que cuando los contagios están batiendo récords, se haya decidido restringir los horarios de centros de atención primaria. Y así un largo etcétera.
La atención hospitalaria tampoco se libra de estos problemas estructurales. Las UCIs están cada vez más tensionadas, las cargas de trabajo son extenuantes; igual que lo son la escasez de la plantilla y la alta rotación de trabajadores y trabajadoras. Un buen reflejo de esta situación son los servicios de urgencias, que acusan un aumento importante de la carga de trabajo derivada del colapso de la atención primaria.
Desgraciadamente, y a pesar de lo alarmante de la situación, el Gobierno Vasco no está dando pasos para solucionar los graves problemas señalados. La Ley de presupuestos para 2022 recientemente aprobada contempla una inversión para sanidad que supondrá gastar 16 millones de euros menos que lo efectivamente gastado en el en el ejercicio 2021.
Es urgente aumentar el presupuesto de Osakidetza hasta llegar a la media de la UE (7% del PIB), destinando un 25% del mismo a la atención primaria; reforzar de manera inmediata las plantillas y dotarlas de recursos humanos suficientes en todas las categorías con la creación miles de plazas para consolidar a los miles de trabajadores y trabajadoras temporales, terminar con la contratación temporal abusiva y racionalizar las cargas de trabajo; además es de imperiosa necesidad sustituir todas las ausencias desde el primer día; en definitiva, una estrategia encaminada a priorizar y reforzar la sanidad pública y en especial la atención primaria, en contraposición con el desmantelamiento programado al que lleva sometida más de una década.
