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//Un acuerdo entre Gobierno Vasco y Unidas-Podemos pretende endurecer los requisitos de acceso a la RGI

Un acuerdo entre Gobierno Vasco y Unidas-Podemos pretende endurecer los requisitos de acceso a la RGI

Protestan ante Lanbide contra los recortes recogidos en la propuesta de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos que aseguran “empobrecerán aún más a quienes menos tienen".

2022-10-13T16:09:51+00:0013 octubre 2022|Barakaldo|Sin comentarios

Por Berri-Otxoak

Ante la próxima conmemoración del “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak protesta por los recortes contemplados por el Gobierno Vasco y Unidas-Podemos en su propuesta de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Para escenificar esta nueva “condena a la pobreza» personas azotadas por la precariedad se concentran en tiendas de campaña ante la oficina de Lanbide del barrio barakaldés de Beurko.

La propuesta de acuerdo entre Gobierno Vasco y Unidas-Podemos para reformar la RGI pretende endurecer los requisitos de acceso y recortar aún más los derechos del colectivo de personas solas, pensionistas y familias con menores a cargo. Además de penalizar a las personas que comparten pisos de alquiler.

Solo cabe concluir que “la actual reforma de la RGI se hace a espaldas de las personas y familias más vulnerables y precarizadas, empobreciendo aún más a quienes menos tienen».

Según la memoria económica esta reforma de la RGI supondrá un coste de 42 millones de euros. El ahorro del Gobierno Vasco a cuenta de la gestión del IMV está siendo de 188 millones de euros. El Gobierno Vasco y Unidas-Podemos recortan el sistema de garantía de ingresos cuando existen, como mínimo, 146 millones de euros para revertir los recortes aplicados durante la última década y ampliar los derechos sociales.

En concreto, el documento aprobado por el Gobierno Vasco y Unidas-Podemos mantiene los recortes entre el 20% y un tercio aplicados desde el año 2012 a las cuantías de la RGI. Asimismo, se retira la actual indexación de la cuantía de la RGI al SMI. La cuantía se establecerá ahora al albur de lo que crea conveniente el Gobierno Vasco de turno, sin tener en cuenta los parámetros de pobreza de la Comunidad Autónoma Vasca.

Por otro lado, según la actual legislación, la RGI debería situarse en 1.026€ mensuales (en 12 pagas); sin embargo, esta nueva normativa la sitúa en 800 euros, lo que supone dejar de percibir 226 euros cada mes. Las familias pensionistas, o con personas dependientes verán recortados sus derechos y cuantías de las prestaciones que les corresponden por la actual normativa, en 154 euros mensuales. En concreto, el complemento de pensiones que gestiona Lanbide debía ser según la actual regulación de 1.167€ (en 12 pagas) y se establecerá según el nuevo proyecto de Unidas-Podemos y Gobierno Vasco en 1.013 euros mensuales.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y Unidas-Podemos también ratifica uno de los principales recortes introducidos en el año 2012: se penaliza a las personas que comparten pisos de alquiler: “cuando en un mismo domicilio resida más de una unidad de convivencia, sea beneficiaria o no de la RGI, la cuantía se recortará aplicando un índice corrector a la baja del 15%”. Castigando, de este modo, a las personas y familias más vulnerables y precarias que son las que se ven obligadas a compartir piso.

El proyecto de reforma de la RGI acordado entre Gobierno Vasco y Unidas-Podemos conserva los recortes a las ayudas al alquiler: de los 320 euros del año 2011 con la nueva redacción serán 275 euros mensuales. Cuantía que no cubre ni el precio medio de una habitación en alquiler.

Se continúa en la senda de la criminalización de la pobreza. El anteproyecto de ley del Gobierno Vasco, al cual ha dado validez Unidas-Podemos, insiste en el empleo de sistemas biométricos, como la huella dactilar y reconocimiento facial. Hecho cuestionado por la “Agencia Española de Protección de Datos” a raíz de la denuncia de varias personas usuarias de las oficinas del Lanbide del barrio barakaldés de Cruces.

Desde Gobierno Vasco y Unidas-Podemos se estigmatiza a las familias usuarias como proclives al “fraude”, cuando este es irrelevante: no llegando ni al 0’5% de todas las prestaciones gestionadas. Es más, se introduce que el personal de Lanbide podrá “acceder al domicilio de las personas titulares de las prestaciones”.

Hay que tener en cuenta que en sus 33 años de historia las políticas sociales del Gobierno Vasco, y ahora con la aquiescencia de Unidas-Podemos, han sido incapaces de proteger a las familias de la CAPV. Cada año un tercio de la población en situación de exclusión social no accede al sistema de garantía de ingresos, 54.197 personas; y las personas que acceden a la RGI que no salen de la pobreza llegan hasta las 67.306 personas. Todo ello según datos del propio Gobierno Vasco.

Cabe destacar que los recortes recogidos en esta nueva propuesta de reforma deUnidas-Podemos y el Gobierno Vasco repercuten de forma directa en las 727.897 personas -un tercio de las personas residentes en la CAPV-, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes. En concreto, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, señala que un 19’9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5’6% (121.502 personas) se encuentra en  situación de pobreza real.

Asimismo, el Gobierno Vasco señala que la pobreza infantil crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años: 92 000 niños y niñas en la CAV están en peligro de pobreza, principalmente en hogares encabezados por mujeres.

Situaciones que se recrudecen en la Margen Izquierda. Según la «Encuesta de Pobreza y Desigualdades» el 25% de la pobreza de la CAV se concentra en Ezkerraldea, lo que implica que un tercio de las familias sufren situaciones de precariedad económica, social y habitacional. En concreto, el 16% de la población padece situaciones de exclusión social y el 14% tiene serias dificultades para llegar a fin de mes.

Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado casi 15.000 familias.

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