Decenas de familias están recibiendo notificaciones donde no solo se les retira esta ayuda mínima para poder hacer frente a los gastos de alquiler en la vivienda donde residen, sino que también se les reclama el pago de miles de euros por supuestos pagos indebidos.
El Servicio Vasco de Empleo, a sabiendas que unas deudas estaban prescritas hace más de 4 años, reclamó su reintegro al abogado Iñaki Carro y a otras 2.668 personas titulares de la RGI y PCV.
Activistas de Berri-Otxoak denuncian que el Servicio Vasco de Empleo una vez más hace oídos sordos a las resoluciones dictadas por los juzgados de los Contencioso Administrativo y el Defensor del Pueblo- Ararteko.
Una sentada de las trabajadoras ante el Gobierno Vasco en Bilbao ha denunciado que aún siendo esenciales, sigan siendo precarias.
Los servicios públicos educativos de los barrios de Atxuri y Alde Zaharra necesitan del compromiso institucional para garantizar una apuesta decidida por una educación pública y de calidad en estos barrios.
Trabajadoras y trabajadores de limpieza en los centros de Osakidetza, tanto en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa le exigen que asuma responsabilidades y frene la decisión de recortar los presupuestos en el servicio.
Una instrucción emitida por Lanbide impide la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como unidad de convivencia diferenciada, a las familias monomarentales con menores a cargo, mayores de 2 años.
Los sindicatos con representación en Osakidetza: Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK, han realizado movilizaciones en Alava, Bizkaia y Gipuzkoa con el fin de denunciar la precariedad laboral que soportan las y los trabajadores y exigir un aumento de la partida presupuestaria dedicada a la sanidad pública.
ATH denuncia ante el Ararteko que la suspensión ilegal de citas presenciales en el Servicio de Conciliación Laboral ha generado que, desde junio, sólo se hayan conseguido seis avenencias.
Berri-Otxoak denuncia que Lanbide no informa detalladamente de las cantidades que reclama y, además, vulnera el artículo 44 al superar el límite de cuatro años de la obligación de reintegro.
