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Demandan a Jon Uriarte, antiguo Director de Lanbide por prevaricación

El Servicio Vasco de Empleo, a sabiendas que unas deudas estaban prescritas hace más de 4 años, reclamó su reintegro al abogado Iñaki Carro y a otras 2.668 personas titulares de la RGI y PCV.

2021-07-22T10:26:46+00:0022 julio 2021|ESK, Juicio, Lanbide, RGI|Sin comentarios

Por Plataforma contra la Exclusión Social de ESKARGILAN

Este jueves día 22 de julio, la Plataforma contra la Exclusión Social de ESK, ARGILAN-ESK, se ha concentrado ante los Juzgados de Bilbao, en la calle Buenos Aires, Nº 6, aprovechando la convocatoria realizada por la magistrada Yolanda Paredes, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, para que testifique Álvaro Ugarte, Responsable del Servicio de RGI y PCV del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), en la demanda de prevaricación presentada por Iñaki Carro en octubre del pasado año.

La demanda de prevaricación dirigida contra Jon Uriarte, Director en aquellos momentos de la RGI y PCV, tiene por objeto responsabilizar penalmente a este alto cargo de Lanbide de la reclamación de cobros indebidos presentada contra el abogado Iñaki Carro, así como otras 2.668 personas titulares de la RGI y PCV, mediante el envío, por parte de Lanbide, en el verano de 2020, de reclamaciones de reintegro de deudas por cobros/pagos indebidos, a pesar de ser conocedor de que dichas deudas estaban prescritas, pues se habían producido en los años 2011, 2012 y 2013, es decir, hace más de 4 años, sin haber sido reclamadas legalmente en este plazo que fija la prescripción.

Inicialmente, la jueza instructora declaró archivado el expediente, pero ante la presentación de sendos recursos de reforma por parte de la Fiscalía y de Iñaki Carro, volvió a reabrir el caso, iniciando la investigación de la prevaricación con el acto testifical que ha tenido lugar este jueves.

Desde ARGILAN-ESK manifiestan que “Lanbide no sólo, no respeta los derechos de las personas solicitantes y perceptoras de la RGI y PCV, sino que es capaz de llegar a reclamar deudas legalmente incobrables, sin importarle nada que los miles de personas a quienes se las reclama, se encuentren en situaciones de gran fragilidad social, por su carencia de ingresos para llevar adelante una vida digna”.

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