Medidas como esta, refuerzan la percepción de que todos los receptores de ayudas son propensos al fraude, a pesar de que, según datos del propio Gobierno Vasco, este es prácticamente inexistente.
Desahucian en Astrabudua a una mujer de 70 años, con una discapacidad del 69% y una pensión de viudedad de 700 euros tras ser víctima de una estafa al solicitar un préstamo de 7.000 euros.
En caso de oponerse a que los agentes ingresen a la vivienda, amenazan con un "informe desfavorable", lo que supondría la inmediata suspensión o denegación de acceso a la RGI, Complemento de Pensiones o Incentivos de Empleo.
La asamblea de Txirbilenea y Emakume Migratuak denuncian el acceso ilegal de la policía en Txirbilinea para "amedrentar" contra cuatro familias que viven temporalmente en el edificio.
Más de un centenar de personas han protestado ante el Palacio de Justicia de Bilbao contra el desalojo del centro socialista Aresti, ejecutado este mañana por la Policía, Ertzaintza y la empresa propietaria del inmueble.
Denuncian que la policía llegó a las 8:30h de la mañana, sin mostrar una orden judicial e identificando a los integrantes que estaban acudiendo a prestar ayuda.
Los bomberos que llegaron hasta el barrio de San Francisco se negaron a desalojar a los activistas de AZET.
"Nos queréis con la cabeza baja, pero seguiremos organizándonos ante ello, ¡hasta que Euskal Herria sea libre, socialista y feminista!", han asegurado.
Denuncian que las personas afectadas fueron notificadas apenas unos días antes de ejecutarse el desalojo, sin oportunidad de defenderse en el juicio.
"¿Por qué se nos presiona para interponer denuncias, si luego no se nos atiende ni tan siquiera siguiendo sus propios protocolos y leyes?"
