Por Lucy Sepúlveda
La Justicia es poderosa y necesaria, pero también son poderosas las necesidades humanas, el respeto y el saber comportarse mediante actitudes no violentas de ciertos profesionales que la ejercen a nivel de calle. Cualquier exceso individual resulta contraproducente, ya que, realizado el hecho, se suele atacar a la Institución en general y no se personalizan por compañerismos los excesos que pueden cometerse, ya sea en dependencias interiores o a la vista de ciertos transeúntes que visualizan una situación concreta.
Me refiero al caso de Silvia, mujer migrante que, de una manera consistente, increpó la actitud de una pareja de Ertzainas por el mal trato exagerado que le estaban haciendo a una persona indigente y vulnerable en las puertas de un supermercado de Getxo, en mayo de 2018, para que se retirara de ese lugar, previa solicitud de su identificación.
Pero dicho mal trato, tanto físico como verbal, se extendió también a Silvia, transeúnte a la cual empujaron porque se negó a marcharse cuando se lo pidieron. Ella se enfrentó y terminó siendo arrestada con posteriores agresiones en la comisaría. Los agentes la denunciaron y pasó una noche en el calabozo; a su vez, ella presentó también una denuncia acompañada de un certificado forense que acreditaba heridas en cara, torso y brazos (El Correo 17/02/21).
En marzo del 2022, su abogada expuso el caso en el Parlamento Vasco, solicitando que el Gobierno Vasco desistiese de la acusación interpuesta hacia su clienta, ya que por ese hecho piden para ella hasta 7 años de prisión, medida totalmente desproporcionada ya que se invisibiliza y criminaliza a la víctima, recayendo una pena injusta y exagerada, liberando a los funcionarios de extralimitar sus funciones. Además, frente a la acusación interpuesta por la afectada, sólo hay un agente acusado, únicamente, por un delito leve de lesiones, a pesar de que existe un vídeo publicado que da testimonio del suceso, dicho funcionario sigue en activo (Tercera Información, 28/02/22).
Continuando este relato, el pasado 28 de septiembre, un grupo de manifestantes pertenecientes a SOS Racismo Bizkaia, Mujeres del Mundo «Babel» y vecinas de Getxo se apersonaron en el Ayuntamiento de Getxo pidiendo justicia, revisión de los hechos y transparencia frente a situaciones exabruptos de ciertos funcionarios que se extralimitan en los protocolos de la Institución frente a sucesos como este. Por ello, el Pleno del Ayuntamiento de Getxo, consciente de los derechos ciudadanos, con el apoyo de Elkarrekin Podemos y EH Bildu aprobó una moción de condena por la agresión policial desproporcionada de agentes de la Ertzaintza en 2018 contra Silvia, mujer migrante.
Los acuerdos aprobados por el Pleno fueron los siguientes:
- Condenar la actuación policial que el auto judicial ha calificado como desproporcionada y extralimitada.
- Declarar Getxo como municipio contra la tortura y las actuaciones policiales racistas.
- Compromiso de enviar este acuerdo al Parlamento Vasco, a Lehendakaritza y a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco para que revisen la causa.
- Compromiso de aumentar la formación en materia antirracista y de derechos humanos dentro del cuerpo de Policía Local.
- Mostrar su solidaridad hacia la vecina agredida por la policía y exigir que se detenga el proceso judicial en su contra.
Tras este acuerdo tan positivo para avanzar en el cumplimiento de los Derechos Humanos en el municipio, Daniela Sisa de SOS Racismo Bizkaia agradeció los votos a favor, pidiendo que los acuerdos se cumplan a la mayor celeridad posible y anunció la continuación de movilizaciones contra esta situación.
