La protesta, en la que participaron unas 200 trabajadoras, denunciaba el bloqueo del convenio de limpieza de Bizkaia y acabó marcada por un incidente en pleno centro de Bilbao.
Los comparecientes aseguran que el proceso busca frenar la denuncia pública sobre la situación en Gaza.
Exigen ingresos dignos que alcancen los 1.500 euros en 15 pagas anuales.
La plantilla considera que el incremento de la vigilancia busca contener la visibilidad de las protestas.
El proceso judicial suma más nombres en un contexto de denuncia por la situación en Palestina.
La plataforma Justizia Aranarentzat exige nuevas diligencias y apunta a mandos policiales por su posible implicación en lo ocurrido.
El espacio era una nave industrial que llevaba más de dos décadas sin actividad.
Los afectados cuestionan la ausencia de grabaciones en una intervención equipada con cámaras.
Una agente de la Ertzaintza fuera de servicio resultó también agredida tras expresar su desacuerdo con la intervención, según relataron los colectivos.
El Departamento de Seguridad reconoció en sede parlamentaria que no existen registros médicos de agentes heridos tras la intervención del 13 de diciembre en Bilbao.
