Por Laura Fontalba
Ayer, SOS Racismo presentó el informe «Discriminazioaren ahotsak – Las voces de la discriminación«, en la Librería Zirika. En él recogen los casos racistas recibidos en su oficina de Bilbao durante el año 2022.
Este informe recoge en cifras «las experiencias de las personas que acudieron durante el pasado año a la oficina de información y denuncia de SOS para denunciar violencias, agresiones y discriminaciones de motivos racistas en el territorio de Bizkaia», así como el trabajo realizado durante dicho año por el colectivo, junto a sus reflexiones en torno al privilegio blanco y el antirracismo en la educación.
El colectivo ha explicado que, gracias a este informe, ofrecen un altavoz sobre las situaciones y los tratos discriminatorios que viven las personas racializadas, migradas y gitanas en el territorio. Así pues, sus objetivos se centran en luchar contra la xenofobia y el racismo, denunciar las prácticas y actitudes que lo legitiman y justifican; impulsar la defensa de los derechos humanos, así como promover igualdad de derechos, género, dignidad y justicia social; o incidir en políticas públicas que contribuyan a dicha igualdad y apoyar un trabajo en red y una educación que promueva la transformación social, entre otros.
Junto a un recorrido sobre las movilizaciones realizadas en 2022, el informe explica que, dicho año, recibieron 34 denuncias formales de discriminación étnico-racial. Del total de ellas, el 35% de los casos correspondieron a racismo institucional. En el 21% de los casos, los agentes racistas era el propio vecindario de las víctimas. En el 20% de los casos, personas particulares. en el 12%, racismo laboral. El 9% relacionado con seguridad privada. Y, por último, un 3%, racismo en comercios.
Asimismo, el informe señala que, del total de denuncias recibidas por racismo institucional, un 83% tuvo que ver con racismo policial. «Las fuerzas policiales continúan siendo el primer agente discriminador racista», explican. Dentro de esta cifra, aseguran que un 70% de los casos fueron efectuados por la Ertzaintza, mientras que el 30% restante fueron efectuados por la Policía Municipal. El informe detalla que estas denuncias se realizaron por haber sufrido agresiones físicas, insultos racistas, paradas por perfil étnico, prácticas ilegales (por ejemplo, la sustracción de un móvil sin motivo para borrar imágenes), abusos de poder o multas realizadas de forma injusta.
Todos estos datos, junto a muchos otros, permiten responder a preguntas como: ¿Qué tipo de agresiones es más frecuente?, ¿cuántos casos se judicializan?, ¿quién o cuáles son los principales agentes discriminadores? o ¿cuál es el grupo o comunidad más propenso a sufrir agresiones racistas? Tras un repaso entre sus respuestas, el colectivo tiene claro que es necesario reafirmar, un año más, «la necesidad de incidir y generar conciencia antirracista en todos los ámbitos: a nivel personal, social, político, cultural y económico».
