Vestidas de negro, portando claveles rojos en las manos y llevando a hombros un ataúd escrito “servicios públicos” a un costado, decenas de personas, han escenificado un entierro frente la sede del Gobierno Vasco, en Gran Vía 85 de Bilbao, para poner de manifiesto que el estancamiento de la actividad económica en el contexto del coronavirus y la consiguiente crisis económica, no ha frenado la sangría de trabajadores y trabajadoras accidentadas y/o fallecidas en el trabajo, ya que en 2020, en Hego Euskal Herria han fallecido, al menos, 65 personas en accidente laboral (55 en la CAPV y 10 en Navarra ), mientras Joaquín Beltrán sigue desaparecido en el vertedero de Zaldibar desde el 6 de febrero.
Aseguran que se desconoce el dato de las personas fallecidas por enfermedad profesional porque no existen estadísticas oficiales al respecto. Sin embargo, todos los estudios advierten de que el porcentaje supera por mucho el de los fallecidos por accidente laboral. En Hego Euskal Herria, al menos 24 personas han fallecido por enfermedades profesionales derivadas del amianto y no se sabe el número de trabajadores y trabajadoras que han fallecido a consecuencia del coronavirus. De hecho, afirman que “en Europa, Hego Euskal Herria es el país con más fallecidos por coronavirus, después de Bélgica”. Hasta el 30 de noviembre han fallecido por Covid-19 4007 personas: 3036 en la CAV y 971 en Navarra.
Del número total de fallecidos por Covid, apuntan que 1430 muertes han ocurrido en residencias de ancianos, cuando los sindicatos llevan años denunciando la precariedad en este sector. Señalan que la pandemia ha dejado en mayor evidencia aún las carencias que ya venían arrastrando las residencias de mayores. Se financian con dinero público pero la mayoría están gestionadas por empresas privadas. “El resultado de esta ecuación es más precariedad para la plantilla y el servicio que reciben las personas usuarias”, denuncian.
Alertan que lo mismo ocurre con otros sectores como el sanitario, socio-sanitario, alimentación, limpieza o transporte. Se trata de sectores muy feminizados y privatizados, que sufren una gran desprotección y precarización en sus condiciones laborales en forma de eventualidad, contratación parcial, elevados índices de rotación o falta medios de protección.
Para ELA, LAB, STEILAS y ESK los datos son “escandalosos, inaceptables” y por ende, afirman que “demuestran que las estrategias mantenidas por los gobiernos de la CAPV y Navarra contra la precariedad laboral y la Covid-19 no están funcionando”. Se quejan de que la dotación presupuestaria destinada a las políticas en materia de prevención de riesgos laborales y a la seguridad en el trabajo es prácticamente cero y refleja que esta materia “no es prioritaria en la agenda política”. Sin embargo, los accidentes laborales y los contagios han aumentado y se sigue jugando con la salud y la vida de la gente, tanto en la calle como en los centros de trabajo.
“Esto sindicatos exigen un cambio de rumbo de las políticas públicas en esta materia y anteponer la salud y la vida a todo lo demás”.
Ante la gravedad de la situación, ELA, LAB, STEILAS y ESK exigen a los gobiernos de la CAPV y Navarra las siguientes medidas:
– Mayor control sobre las empresas. Para realizar un seguimiento adecuado de las medidas sanitarias y de prevención en los centros de trabajo es imprescindible aumentar el personal de Osalan/ISPLN y de la Inspección de Trabajo, equiparándolo a la media europea. En la práctica, esto se traduce en aumentar el número de técnicos al menos en 100 más en la CAPV y en otros 50 en Navarra. Asimismo, potan porque el gobierno de Navarra recupere las competencias en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
– Publificación tanto de las Mutuas como de los servicios de Prevención. En esta pandemia no han sido eficaces desde el punto de vista de la salud.
– Realizar más acciones de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de la normativa en las empresas que incluyan actividades con riesgo de caída en altura, atrapamiento o que trabajen con elementos cancerígenos y mutágenos.
– Prohibición de contratación con empresas que hayan sido sancionadas en materia preventiva.
– Exigir la elaboración de evaluaciones de riesgo psicosocial en todas la empresas de Hego Euskal Herria teniendo en cuenta que la pandemia ha venido a agravar aún más las condiciones psicosociales de las personas trabajadoras. Para ello en el plazo de dos años todas las empresas deberán contar al menos con una evaluación de riesgos psicosociales e implantar medidas en caso de deficiencias y será el personal de Osalan/ISPLN quien haga seguimiento del cumplimiento.
Fuente: ELA Sindikatua
