Delegación del Gobierno Vasco (C/Gran Vía, 85 Bilbao)
– Negativa del Gobierno Vasco a aplicar el incremento del 8& del SMI a los Incentivos al Empleo, la Renta de Garantías de Ingresos, el Complemento de Pensiones o las ayudas al alquiler.
Personas perceptoras de los subsidios de Lanbide, colectivos sociales que trabajan contra la extensión de las situaciones de precariedad, desahucios y pobreza; junto a diferentes agentes sindicales comparecen de forma pública ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao para manifestar su hartazgo ante las políticas de recortes aplicadas durante estos últimos años desde el Gobierno Vasco.
La gota que ha colmado este hastío es la decisión de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artozabal, de no aplicar-lo que por LEY es de obligado cumplimiento- el incremento del 8& del SMI a las prestaciones gestionadas por Lanbide; Complemento Pensiones, Renta Complementaria Ingresos Trabajo, Renta Garantía Ingresos o Prestación Complementaria de Vivienda.
Recorte a añadir al que desde hace 5 años se viene aplicando en un 7% a la cuantía a percibir por las 64.000 familias que malviven a través de estas prestaciones; muy lejos, por cierto, de los cerca de 1.200 euros del umbral de pobreza para la CAPV.
Hay que tener en cuenta, y según estudios del propio Gobierno Vasco, en los últimos años ha aumentado los índices de pobreza, exclusión o dificultades para llegar a fin de mes; tanto entre quienes tienen empleo como entre aquellas familias que se encuentran desempleadas. Ello se debe, entre otras razones, a la política de recortes del propio Gobierno Vasco en las prestaciones sociales. Esta es la dramática consecuencia de una decisión política que apuesta por no garantizar a las personas unos ingresos mínimos que puedan facilitar llevar a cabo una vida un poco más digna.
Además, de vergonzosas e intolerables, declaraciones como “No podemos subir la RGI y desincentivar el acceso al mercado laboral”, son totalmente falsas. Según datos de Lanbide el 20% de las unidades de convivencia -12.504- tienen un empleo precario y complementan su mísero salario con la RGI; el 25% -15.817- de las prestaciones son destinadas a sufragar pensiones de pobreza; otro 20% completan subsidios de desempleo de escasa cuantía producto de la actual situación de precariedad.
Por todo ello. Frente a esta apuesta política por los recortes…