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¿Cobras una ayuda? Pues la Ertzaintza podría visitarte a casa para revisar los armarios

Sin orden judicial estarían irrumpiendo en los hogares con la excusa de revisar la residencia efectiva cuando la propia persona que abre la puerta se identifica documentalmente como la persona titular de la solicitud o de la prestación.

2023-02-23T11:45:57+01:0023 febrero 2023|Ayudas|Comentarios desactivados en ¿Cobras una ayuda? Pues la Ertzaintza podría visitarte a casa para revisar los armarios

Por Berri-Otxoak

El Gobierno Vasco y Lanbide están desarrollando una nueva campaña de estigmatización y criminalización de las personas y familias con dificultades para llegar a fin de mes, pensionistas, desempleadas o con empleos en precario.

La Ertzaintza está empezando a personarse desde este inicio de año en la totalidad de domicilios de las 50.000 familias perceptoras del Complemento de Pensiones, la Renta de Garantía de Ingresos y los Incentivos al Empleo.

Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en el conjunto de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios de las personas solicitantes o perceptoras de la RGI. Esto ocurre con la excusa de revisar la residencia efectiva cuando la propia persona que abre la puerta a la Ertzaintza se identifica documentalmente como la persona titular de la solicitud o de la prestación.

Se está invadiendo de forma ilegal los domicilios de las personas perceptoras bajo la coacción. Se amenaza que en caso de denegarse el acceso al domicilio la Ertzaintza realizará un informe desfavorable, lo que conllevará la suspensión o denegación del acceso a la RGI, Complemento de Pensiones o los Incentivos al Empleo.

Lanbide está  imponiendo, a  través un cuerpo policial como la Ertzaintza, el acceso al hogar de las personas solicitantes o titulares de las prestaciones sociales. Sin entrar en vigor la nueva Ley de la RGI y, más aún, sin crear el supuesto cuerpo de “inspección”, que estaría formado 25 personas de la plantilla de Lanbide.

La Ley de reforma de la RGI del Gobierno Vasco aprobada el pasado 22 de diciembre, y avalada con los votos favorables de Izquierda Unidas-Podemos y la abstención de EH Bildu, ha conllevado un endurecimiento de requisitos y una intensificación de la criminalización de las personas y familias solicitantes de esta prestación.

Desde Lanbide se sigue estigmatizando a las familias usuarias como proclives al “fraude”, cuando este es irrelevante: no llegando ni al 0’5% de todas las prestaciones gestionadas. La intención declarada, y evidente, es expulsar del sistema de protección social a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario que residen en nuestra comunidad.

Además, sin ningún anclaje legal, se insiste en el empleo de sistemas biométricos, como la huella dactilar y reconocimiento facial. Hecho cuestionado por la “Agencia Española de Protección de Datos” a raíz de la denuncia de varias personas usuarias de las oficinas del Lanbide del barrio barakaldés de Cruces.

Hay que tener en cuenta que en sus 34 años de historia las políticas sociales del Gobierno Vasco han sido incapaces de proteger a las familias de la CAPV. Cada año un tercio de la población en situación de exclusión social no accede al sistema de garantía de ingresos, 54.197 personas; y las personas que acceden a la RGI que no salen de la pobreza llega hasta las 67.306 personas. Todo ello según datos del propio Gobierno Vasco.

Recortes y criminalización que se aprueban mientras repercuten de forma directa en las 727.897 personas -un tercio de residentes en la CAPV-, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes: en concreto, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, señala que un 19’9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5’6% (121.502 personas) se encuentra en  situación de pobreza real.

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