Buzón antifraude, registros de la Ertzaintza en los hogares y nuevos recortes en las prestaciones sociales; medidas que empobrecen aún más la situación de 8.030 personas trabajadoras.
Los agentes se estarían personando en los hogares de las familias perceptoras del Complemento de Pensiones, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y los Incentivos al Empleo.
Sin orden judicial estarían irrumpiendo en los hogares con la excusa de revisar la residencia efectiva cuando la propia persona que abre la puerta se identifica documentalmente como la persona titular de la solicitud o de la prestación.
El Comité de Empresa del IFAS, junto a Babestu y el Movimiento de Pensionistas han manifestado en Juntas Generales la preocupante trayectoria que están tomando los Servicios Sociales.
Cientos de Pensionistas se han movilizado para mostrar su rechazo al proyecto de ley que se debatirá y previsiblemente se aprobará el próximo 9 de junio.
Actualmente son casi 200 trabajadoras exigiendo reconocimiento y diferenciación del trabajo de cuidados y un cambio radical en la Ley de Dependencia y Extranjería.
Para pensionistas vascos, garantizar unas pensiones dignas, justas y suficientes, se requiere un empleo de calidad y un salario digno que genere cotizaciones sociales suficientes, no impulsar sistemas complementarios de capitalización.
Según las pruebas que el sindicato ha puesto a disposición de la Fiscalía, todo parece indicar que hubo una acción concertada por varios funcionarios de alto rango de la institución foral por la que resultó beneficiado un funcionario interino de la misma.
El Servicio Vasco de Empleo, a sabiendas que unas deudas estaban prescritas hace más de 4 años, reclamó su reintegro al abogado Iñaki Carro y a otras 2.668 personas titulares de la RGI y PCV.
Activistas de Berri-Otxoak denuncian que el Servicio Vasco de Empleo una vez más hace oídos sordos a las resoluciones dictadas por los juzgados de los Contencioso Administrativo y el Defensor del Pueblo- Ararteko.
