Agitan y Berri-Otxoak denuncian ante las oficinas de Alokabide en Bilbao el procedimiento de desalojo instado contra una mujer que posee un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales y orden alejamiento en vigor por ser víctima violencia machista.
Desde Alogerekoak señalan que, aunque esta mujer y su hija ya no vayan a dormir en su casa, seguirán peleando para volver a traerlas al barrio de una manera digna.
Gracias al sindicato de vivienda AZET y la presión vecinal, consiguieron que el desalojo que estaba previsto realizarse hoy en la calle Cortes 9 de San Francisco, se suspendiese.
La hora de lanzamiento del desahucio se ha fijado para las 9.00 de la mañana, por lo que desde el sindicato convocan a las 8.30, en el número 9 de la calle Cortes en el barrio de San Francisco de Bilbao.
Con la fecha del desahucio fijada en pleno estado de alarma y a un mes de su ejecución, "ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional”.
Partirá este sábado 6 de febrero a las 17:30 horas desde la plaza del Teatro Arriaga, realizando un recorrido lleno de sorpresas hasta el Arenal, respetando todas las medidas de seguridad sanitarias.
Berri Otxoak denuncia que esta práctica vuelve a repetirse, a pesar de que ya en el año 2015 el Defensor del Pueblo-Ararteko solicitó al consistorio la revisión de una solicitud que fue rechazada bajo los mismos supuestos.
A excepción del Partido Popular, es decir, cuatro de los cinco grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Bilbao (EAJ-PNV, PSOE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos) firmaron el día de ayer 25 de enero, una declaración conjunta en la que solicitan a Instituciones Penitenciarias y al Juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, el traslado a cárceles vascas de Irati Etxeberria Zapirain (2 años de edad), y de su madre y su padre.
Berri-Otxoak denuncia que este caso se une al de otra familia con una niña de 9 años que vive en una habitación cuya renta no puede ya abonar.
Denuncian que la aplicación de este falso síndrome, vulnera derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, así como el de las madres a las que se les acusa de “instrumentalización, manipulación”, entre otras cosas, lo que sin ninguna duda, se puede considerar cómo violencia institucional.
