Por Laura Fontalba
Con motivo del Día Mundial del Hábitat, que se celebra el próximo lunes 7 de octubre, la plataforma Berri-Otxoak se ha concentrado ante el Ayuntamiento de Barakaldo para reivindicar el «derecho a una vivienda digna y unos alquileres justos».
En el año 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas adjudicó el 7 de octubre como Día Mundial del Hábitat a fin de reflexionar sobre «la situación de los pueblos y ciudades en el mundo y reconocer el derecho que tienen las personas a una vivienda adecuada y digna». A día de hoy, tal y como ha denunciado la plataforma, son muchas las personas que continúan atravesando dificultades para acceder a este derecho demandado en Barakaldo por al menos 7.678 familias, mientras el alquiler medio se sitúa en los 880 euros y el acceso a una habitación en los 425 euros mensuales.
Gracias al Punto de Información de Berri-Otxoak, pueden constatar que decenas de familias barakaldesas expresan sus dificultades frente a hipotecas y alquileres en los servicios sociales y, sin embargo, la concesión de estas ayudas, como la ayuda de emergencia, tarda de media siete meses en concederse. En muchas ocasiones, esta tardanza, que imposibilita realizar los pagos a tiempo, desemboca en órdenes desahucio.
A pesar de ello, desde la plataforma han denunciado recortes en estos servicios que dificultan aún más la situación. Ejemplo de ello es «la coacción a la que se somete a las familias solicitantes de las ayudas de emergencia al hacerles elegir entre pagar los gastos de acceso a la vivienda habitual (alquiler o hipoteca) o cubrir sus necesidades más básicas, como alimentación, atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista u oculista, entre otros) o los gastos de comunidad, luz y agua». Tanto la plataforma como el Defensor del Pueblo – Ararteko denuncian que dicha coacción es «incurrir a la ilegalidad».
Finalmente, «frente al aumento de los desahucios y del sinhogarismo», Berri-Otxoak ha asegurado que las denegaciones injustificadas, las coacciones y los recortes deberían ser «motivos más que suficientes» para que el gobierno local reflexione sobre sus decisiones en materia de derechos sociales y vivienda.
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