Al Concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo le piden que sea consecuente con la situación que vive la localidad y que cumpla las leyes que amparan a la población más vulnerable.
En 1992 nació el germen de este colectivo tras el desalojo de un local sito en la calle San Valentín de Berriotxoa, en el que se reunían decenas de personas y colectivos sociales de diversa índole.
Miles de personas, alumnos, familias, profesorado, educadoras y organizaciones se han movilizado hoy en Bilbao contra la privatización y en defensa de la educación pública.
La "mínima" subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no se reflejará en la cuantía actual de la RGI, la cual se verá recortada en un 30% (285 euros menos al mes) respecto a lo que dicta la Ley en vigor.
Decenas de familias están recibiendo notificaciones donde no solo se les retira esta ayuda mínima para poder hacer frente a los gastos de alquiler en la vivienda donde residen, sino que también se les reclama el pago de miles de euros por supuestos pagos indebidos.
Tras ralentizarse la entrega de lotes de comida de los Bancos de Alimentos, Berri-Otxoak denuncia que el Ayuntamiento no ha dispuesto de ninguna medida para paliar esta situación.
Varias personas disfrazadas de esquimales y pingüinos, junto a bloques de hielo y un par de frigoríficos, denunciaron ante el Ayuntamiento de Barakaldo los recortes que está aplicando el equipo de gobierno a las Ayudas de Emergencia Social.
En Barakaldo "la actual normativa obliga a ofrecer una alternativa habitacional de manera preferencial y urgente a las mujeres que se encuentran alojadas en centros destinados a la protección de víctimas de violencia de género”
Así como también han manifestado su apoyo a las convocatorias de manifestación para el día 29 de mayo del colectivo de pensionistas, en cuyo manifiesto recogen, entre otras reivindicaciones, el derecho a unos cuidados dignos, de calidad y públicos.
La PAH (Plataforma de Afectadas por la Hipoteca) junto con otras 150 organizaciones sociales y sindicales a nivel estatal han puesto en marcha una iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda.
