Berri-Otxoak denuncia que, mientras se declara Barakaldo como zona tensionada de vivienda, el equipo de gobierno continúa recortando el acceso a las Ayudas de Emergencia Social.
Lanbide retira la RGI a una mujer, pensionista por Incapacidad Permanente Total, que compartía piso, tras asumir la existencia de una pareja y unificar su unidad de convivencia e ingresos.
Denuncian que el Ayuntamiento sigue sin dotar de un suficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurece los requisitos de acceso y recorta la cuantía de las prestaciones.
El Sindicato Socialista de Vivienda, Argilan-ESK y Berri-Otxoak han conseguido que el TSJ anule el art.22 del Decreto 173/2023 de la RGI, lo que pone fin a un requisito que estaba "expulsando del sistema" a quienes comparten vivienda.
Berri Otxoak denuncia que el Juego del Calamar parece haber sobrepasado la ficción, pues ya son 8.195 personas trabajadoras con empleos precarios las que se verán afectadas por los recortes y medidas de Lanbide y Gobierno Vasco.
Argitan y Berri-Otxoak han denunciado que incluso si hubiese una única mujer en situación de calle, el Ayuntamiento debería garantizar recursos habitacionales dignos para evitar que pase la noche con "todos los peligros".
La Carta de Derechos Sociales de EH y Berri-Otxoak denuncian que el Gobierno Vasco y Lanbide incitan a la criminalización de las personas perceptoras de prestaciones sociales.
Tras el Día de los DD.HH, advierten que las políticas de recorte, el buzón antifraude o los registros de la Ertzaintza estigmatizan a las miles de familias que perciben prestaciones sociales de Lanbide.
Berri-Otxoak exige que se cumplan las leyes que "amparan a la población más vulnerable en materia de vivienda, salud y cobertura de sus necesidades más básicas".
Sindicatos y agentes sociales exigen medidas que faciliten el acceso a una vivienda en Barakaldo: "A lo largo de estos doce años, 2.404 familias han sufrido un desahucio".
