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Protestan desnudos en Bilbao contra las trabas y retrasos del Ingreso Mínimo Vital

El entonces director general de Lanbide, Borja Belandia, aseguró que “ninguna de las personas que presentaran su solicitud a través de Lanbide vería minorados sus derechos”. Esa promesa no se ha cumplido y las consecuencias están siendo desastrosas.

2021-05-06T11:03:19+00:006 mayo 2021|Bilbao, IMV|Sin comentarios

Activistas de la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak han marchado desnudas en un barril desde la Delegación del Gobierno Vasco hasta la Tesorería General de la Seguridad Social para denunciar las demoras, la burocracia, las trabas en el acceso y los recortes que aplican ambas administraciones a las familias solicitantes del IMV en Euskadi.

Tras iniciarse el plazo de solicitudes el 15 de junio de 2020 y que el plazo máximo para ser resueltas se hubiera demorado de los tres a los seis meses, a día de hoy en la CAV, pasados ya once meses desde la apertura del plazo, cientos de expedientes de familias desempleadas, con empleos precarios en el sector servicios (especialmente, en hostelería), con pensiones mínimas e incluso usuarias de entidades benéficas y comedores sociales siguen aún sin resolverse, impidiéndoles llegar mínimamente a fin de mes o cubrir sus necesidades básicas.

Desde la plataforma contra la pobreza han denunciado que “el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide cuenta con un procedimiento interno para registrar las solicitudes de IMV desde el 12 de junio, el cual se oficializó el 23 del mismo mes”.

“Hasta inicios del mes de febrero Lanbide ha estado derivando a la Seguridad Social a las personas solicitantes del IMV y ha actuado de mala fe negando la ayuda a las que solicitaron la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por no haber solicitado previamente el IMV. Una prestación que la entidad conocía y que aunque alegue lo contrario, tenía el poder de tramitarla desde junio del pasado año”, ha declarado la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak.

El colectivo también se ha pronunciado sobre el requisito de que el promedio mensual de rentas anuales del año anterior a la solicitud deba ser inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el IMV que corresponde según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia (para una persona que vive sola, la media de renta anual del año anterior  no puede sobrepasar los 450€). Alegan que “ni el Gobierno Vasco, ni la Seguridad Social, ni el Gobierno Central tienen en consideración las actuales circunstancias de estas familias, ya que la prestación no está destinada a paliar las situaciones de pobreza real que en la actualidad sufre la población”.

“No obstante, las familias que sí reúnen este y otros requisitos llevan casi un año esperando, por lo que el cumplimiento de los requerimientos no está garantizando mayor celeridad en la cobertura de sus necesidades básicas por parte de las administraciones”, han puntualizado.

Por todas estas razones, Berri-Otxoak exige tanto al Gobierno Vasco como al Gobierno Central “que dejen de banalizar las situaciones de pobreza que está sufriendo la población, que pongan de una vez todos los medios a su alcance para agilizar la concesión de esta prestación y que prioricen la cobertura de necesidades básicas de toda familia que lo necesite, ya que esta situación no viene dada por una falta de recursos para destinar, si no por una falta de interés en las personas que sufren situaciones de pobreza”.  

Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus 28 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.

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