Tras el Día de los DD.HH, advierten que las políticas de recorte, el buzón antifraude o los registros de la Ertzaintza estigmatizan a las miles de familias que perciben prestaciones sociales de Lanbide.
Buzón antifraude, registros de la Ertzaintza en los hogares y nuevos recortes en las prestaciones sociales; medidas que empobrecen aún más la situación de 8.030 personas trabajadoras.
Medidas como esta, refuerzan la percepción de que todos los receptores de ayudas son propensos al fraude, a pesar de que, según datos del propio Gobierno Vasco, este es prácticamente inexistente.
El entonces director general de Lanbide, Borja Belandia, aseguró que “ninguna de las personas que presentaran su solicitud a través de Lanbide vería minorados sus derechos”. Esa promesa no se ha cumplido y las consecuencias están siendo desastrosas.
Denuncian que Lanbide, el organismo gestor del IMV en la CAV, ha estado delegando desde el primer momento sus funciones en la Seguridad Social. Además de no formalizar las solicitudes del IMV, deniega la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a quienes no lo soliciten previamente.
Berri-Otxoak denuncia el retraso en la tramitación de las solicitudes del IMV en Barakaldo. Desde junio, solo se han emitido 16 resoluciones de 8.621.
Berri-Otxoak denuncia que 4 de cada 5 personas desempleadas del municipio no pueden beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por la dejadez de funciones de Servicio Vasco de Empleo-Lanbide. E instan al PNV y al Partido Socialista a que hagan cumplir al ente público con su obligación de tramitación de este subsidio.
Según Berri Otxoak, esta actuación “deja en evidencia” al director general de Lanbide, Borja Belandia, que el 23 de junio pasado aseguró que el servicio de empleo sí estaba realizando el trámite y negó que se estuviera bloqueando.
