La orden de desahucio ha sido fijada para el 31 de enero a las 9:15 horas pese a la ampliación de las políticas de la moratoria y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables.
«Constatamos que durante los dos años de pandemia de coronavirus no han cesado los desahucios; a pesar de que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre contemplaba la paralización de los lanzamientos para personas en situación vulnerable, sin importar si ésta era o no derivada de la pandemia, el desahucio de esta vecina de Barakaldo es una prueba de ello», han declarado las asociaciones barakaldesas.
Asimismo, recuerdan que «esta normativa obliga a las comunidades autónomas a garantizar el realojo inmediato de personas en situación de vulnerabilidad acreditada en una vivienda, excluyendo albergues o centros de acogida, en caso de llevarse a cabo un desahucio y prohíbe la ejecución del mismo si no hay una vivienda digna disponible para tal fin».
Con la fecha del desahucio fijada y a diez días de su ejecución, «ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional digna a esta mujer víctima de violencia machista», han apostillado.
Tanto Argitan como Berri-Otxoak coinciden en señalar que Alokabide está incumpliendo la actual legislación ante la problemática de los desahucios: «desde la normativa estatal, resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, hasta el protocolo antidesahucios firmado por Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos EUDEL y el Consejo General del Poder Judicial en 2013 a raíz del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada y actualizado en febrero de 2019”.
“En toda la actual legislación, sin excepción alguna, se contempla la obligación institucional de poner a disposición de las familias afectadas por un desahucio de una alternativa habitacional digna. Obligación que nunca se cumple”, han señalado ambas entidades.
La precariedad y la pobreza se ceban entre las mujeres; los desahucios no son una excepción. Nos consta que hay medidas económicas y legales de sobra para abordar esta problemática y que la única razón por la que no se terminan de llevar a cabo es por falta de voluntad política, por lo que “instamos a las instituciones a priorizar las actuaciones frente a las promesas o campañas por la igualdad en este periodo de crisis económica y socio-sanitaria, ya que su actuación en materia social solo tiene como guía recortar derechos sociales», han sentenciado.
ARGITAN ofrece a las mujeres de Barakaldo desde hace 25 años, de forma gratuita, un punto de información sobre sus derechos, asesoramiento jurídico y sociolaboral, así como atención psicológica. El centro funciona mediante cita previa, solicitada a través del teléfono 944 782 102.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus casi 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.000 familias.
