Todo esto a pesar de que el Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, prohíbe estos cortes a familias vulnerables.
La suspensión del desalojo ha sido motivada gracias a una solicitud de moratoria presentada por Berri-Otxoak en el registro judicial y que está pendiente de ser resuelta.
Llevan varias semanas intentando que el Ayuntamiento y el Servicio Vasco de Vivienda les ofrezcan acceso a una vivienda en régimen de alquiler social pero sin éxito.
La orden de desalojo está fijada para el 30 de diciembre a las 9.15 horas.
El 31 de enero fue desalojada de su vivienda una mujer con tres hijos menores a cargo de 5, 11 y 14 años, con acreditación de víctima violencia machista y orden de alejamiento en vigor. Esta mujer lleva acogida un mes en un recurso para mujeres víctimas de violencia machista.
Argitan y Berri-Otxoak exigen a las administraciones frenar este desahucio y dotar a esta mujer de una alternativa habitacional digna, como obliga la actual legislación.
Agitan y Berri-Otxoak denuncian ante las oficinas de Alokabide en Bilbao el procedimiento de desalojo instado contra una mujer que posee un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales y orden alejamiento en vigor por ser víctima violencia machista.
La orden de desahucio estaba fijada para el 29 de abril a las 9.15 horas y ni el Ayuntamiento de Barakaldo, ni Etxebide-Gobierno Vasco habían ofrecido una alternativa habitacional.
Con la fecha del desahucio fijada en pleno estado de alarma y a un mes de su ejecución, "ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional”.
La orden de desahucio fijada para el 21 de mayo a las 9.15 horas, ha sido instada por la sociedad pública de alquiler Alokabide, sin que el Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico hayan ofrecido una alternativa habitacional.
