Pasados 2 meses del desahucio ejecutado desde las administraciones públicas los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo y el Gobierno Vasco incumplen la normativa que obliga a garantizar una alternativa digna a mujeres víctimas de violencia machista, y con menores a cargo.
El 31 de enero fue desalojada de su vivienda una mujer con tres hijos menores a cargo de 5, 11 y 14 años, con acreditación de víctima violencia machista y orden de alejamiento en vigor. Esta mujer lleva acogida un mes en un recurso para mujeres víctimas de violencia machista.
Argitan y Berri-Otxoak exigen a las administraciones frenar este desahucio y dotar a esta mujer de una alternativa habitacional digna, como obliga la actual legislación.
Agitan y Berri-Otxoak denuncian ante las oficinas de Alokabide en Bilbao el procedimiento de desalojo instado contra una mujer que posee un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales y orden alejamiento en vigor por ser víctima violencia machista.
Exigen a Iñaki Arriola, Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, el cumplimiento de la legislación que obliga al acceso a una vivienda a mujeres que llevan meses acogidas en servicios temporales para víctimas de violencia de género.
Con la fecha del desahucio fijada en pleno estado de alarma y a un mes de su ejecución, "ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional”.
La orden de desahucio fijada para el 21 de mayo a las 9.15 horas, ha sido instada por la sociedad pública de alquiler Alokabide, sin que el Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico hayan ofrecido una alternativa habitacional.
El Servicio Público Vasco de Vivienda (Etxebide) niega a la mujer su inscripción en el registro de solicitantes de vivienda protegida y, como consecuencia, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) reclama a la víctima 3.800 euros.
Etxebide niega a la mujer su inscripción en el registro de solicitantes de vivienda protegida y, como consecuencia, Lanbide reclama a la víctima 3.800 euros.
Los hechos se produjeron durante una denuncia cruzada. La compañera, al ver la actuación policial y el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer, intervino para orientarla sobre la obligación de firmar o no lo que dicho cuerpo policial le quería hacer firmar.
