Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruña acogieron el martes concentraciones que exigen frenar todos los desahucios, bajar las rentas y expropiar a los fondos buitre.
Mientras el Gobierno central aprueba medidas antidesahucios, las personas acampadas frente al Arriaga plantean una vivienda pública y universal.
La concentración de los lunes pone rostro a la vivienda como problema de las personas mayores, mientras el decreto antidesahucios sigue pendiente.
El Sindicato Socialista de Vivienda señala al Consistorio bilbaíno y exige al organismo dirigido por Yolanda Díez que garantice una alternativa estable antes del lanzamiento.
Una pensión de Portugalete es actualmente su único alojamiento, pero la estancia concedida termina dentro de un mes.
AZET denuncia sanciones tras participar en la paralización del desalojo de una familia con menores sin alternativa habitacional y activa una caja de resistencia para afrontar nuevos expedientes.
El conflicto surge tras el operativo en Zorrozaurre, donde unas 80 personas fueron expulsadas sin alternativa estable.
Las subvenciones destinadas a cubrir alimentación estarían siendo rechazadas de forma reiterada.
Pese a la presencia de niños y de una anciana recién intervenida quirúrgicamente, el séquito judicial decidió continuar con el proceso y ejecutar los tres desalojos.
El sindicato de vivienda Batu ha denunciado públicamente que el fondo se ha negado a cualquier negociación, incluso después de recibir una propuesta formal para alquilar la vivienda.
