"Tanto la Diputación como Landalan han despreciado todos los sacrificios mostrados durante casi dos décadas, respondiendo con un ERE y dejando en la calle a 19 trabajadores y trabajadoras".
Este 1 de junio abre el plazo de inscripción para el sorteo de 135 viviendas de protección oficial (VPO) en Serralta, Lutxana. La ley exige que se adjudiquen en base a un baremo de prioridad por necesidad y no por rifa.
Pasados 2 meses del desahucio ejecutado desde las administraciones públicas los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo y el Gobierno Vasco incumplen la normativa que obliga a garantizar una alternativa digna a mujeres víctimas de violencia machista, y con menores a cargo.
El 31 de enero fue desalojada de su vivienda una mujer con tres hijos menores a cargo de 5, 11 y 14 años, con acreditación de víctima violencia machista y orden de alejamiento en vigor. Esta mujer lleva acogida un mes en un recurso para mujeres víctimas de violencia machista.
Argitan y Berri-Otxoak exigen a las administraciones frenar este desahucio y dotar a esta mujer de una alternativa habitacional digna, como obliga la actual legislación.
Agitan y Berri-Otxoak denuncian ante las oficinas de Alokabide en Bilbao el procedimiento de desalojo instado contra una mujer que posee un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales y orden alejamiento en vigor por ser víctima violencia machista.
La Red de Apoyo Mutuo BATU hace un llamamiento el 25 de noviembre a las 8:30am al número 3 de la calle Olatxu en el barrio de Abusu para evitar esta injusticia.
Protesta contra los recortes a las prestaciones que perciben familias monomarentales, mujeres víctimas violencia machista, trabajadoras en precario, viudas o mujeres desempleadas.
Tras ralentizarse la entrega de lotes de comida de los Bancos de Alimentos, Berri-Otxoak denuncia que el Ayuntamiento no ha dispuesto de ninguna medida para paliar esta situación.
Exigen a Iñaki Arriola, Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, el cumplimiento de la legislación que obliga al acceso a una vivienda a mujeres que llevan meses acogidas en servicios temporales para víctimas de violencia de género.
