Además, con dicho acuerdo, las instituciones se comprometían a la formación continua de las profesionales del Servicio de Infancia en violencia machista y abuso sexual infantil y a analizar y evaluar el alcance y efecto que hayan podido tener las declaraciones de desprotección efectuadas bajo el epígrafe “instrumentalización en conflictos entre progenitores” en dichos servicios.
Desde la Reddenuncian que, a pesar del tiempo transcurrido desde la adopción de este acuerdo, las madres afectadas por este constructo ideológico no han constatado ningún cambio, sufriendo y siendo objeto de informes prejuiciosos que las culpabiliza y persisten en señalarlas como “obstaculizadoras”, “instrumentalizadoras”….sin prueba alguna, tan sólo se traslada la percepción subjetiva y “adiestrada” de quién realiza el informe. Informes que a día de hoy siguen siendo utilizados para retirar custodias y tutelas.
Aseguran que siguen siendo sometidas, ellas y sus hijas e hijos, a la “terapia de la amenaza” en los Servicios Sociales y en los Puntos de Encuentro Familiar; amenazas que consisten en advertir del riesgo en el que incurren de suspensión de visitas, de declarar a las y los menores en desprotección así como de emitir informe favorable a la retirada de la custodia si no siguen escrupulosamente las indicaciones de las y los “educadores” (terapeutas del SAP) en cómo dirigirse a sus hijos e hijas, qué cosas pueden o no verbalizar, si muestran preocupación por el estado físico o anímico del menor…. Pueden, y de hecho lo hacen, suspender de manera absolutamente arbitraria las visitas.
Mientras tanto, señalan que las y los menores afectados siguen siendo silenciados e invisibilizados y siguen sin ser objeto de una intervención adecuada por parte de profesionales especializados en violencia machista y abuso sexual infantil.
Para la Red de Resistencia contra el SAP, se trata de una grave vulneración de derechos, y la califican de “decepcionante”, puesto que un acuerdo que debería y debe ser abordado con urgencia corre el riesgo de quedarse en una mera declaración. “Es angustioso para quien sufre la tortura de la amenaza constante comprobar que ésta es ejercida por las instituciones que deberían tener el deber de protegerles. La utilización del síndrome de alienación parental es VIOLENCIA INSTITUCIONAL”, denuncian.Una falta de una actuación rápida y eficaz las tres administraciones territoriales que, a juicio de la Red, “forman parte del engranaje de la violencia de género institucional, cuando no directamente ejecutoras de la misma”.
