Ilegalidades como el espionaje telefónico de la mano negra del CNI, dificultan un cambio en la política penitenciaria vasca
La mayoría sindical vasca se vuelve a movilizar en Bilbao para solicitar el archivo del sumario 13/2013.
La mayoría sindical vasca se vuelve a movilizar en Bilbao para solicitar el archivo del sumario 13/2013.
Durante la concentración que realizan mensualmente en Bilbo, los sindicatos han anunciado que se sumarán a la movilización organizada por SARE para este 23 de octubre en Donostia.
Los sindicatos ELA, LAB, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, CNT, EHNE, HIRU y Etxalde exigen al Gobierno español terminar con la política penitenciaria de excepción.
Una movilización en Bilbao exige la liberación inmediata de Gaizka Astorkizaga y Valentina Morisoli, detenidos el pasado 16 de noviembre de 2020 por su militancia política.
“Entendemos necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar”
Partirá este sábado 6 de febrero a las 17:30 horas desde la plaza del Teatro Arriaga, realizando un recorrido lleno de sorpresas hasta el Arenal, respetando todas las medidas de seguridad sanitarias.
A excepción del Partido Popular, es decir, cuatro de los cinco grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Bilbao (EAJ-PNV, PSOE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos) firmaron el día de ayer 25 de enero, una declaración conjunta en la que solicitan a Instituciones Penitenciarias y al Juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, el traslado a cárceles vascas de Irati Etxeberria Zapirain (2 años de edad), y de su madre y su padre.
"Los diez sindicatos firmantes, durante los últimos dos años venimos haciendo una lectura común en torno a la cuestión de la reincorporación de las personas presas".
Una carrera con 82 jóvenes de la agrupación ERNAI, uno por cada preso político de Bizkaia, ha recorrido las calles de Bilbao para ilustrar el camino de vuelta a Euskal Herria de las y los presos y huidos vascos.
Esta decisión del Supremo, “carece de lógica y ha causado una honda preocupación por el ataque que supone contra los derechos democráticos fundamentales”.