Por Laura Fontalba
Ayer, el Sindicato de Vivienda Batu Elkarlaguntza Sarea exigió al Ayuntamiento de Basauri que se les reconociese como «ente negociador» para gestionar las consecuencias del Plan Especial de Regeneración Urbana (PERU), proceso que empezó hace un año en el barrio de San Fausto y dejó sin hogar a 11 familias. Lo hizo mediante la presentación de la campaña San Fausto Bizirik; ¡realojos ya!, a la que se han adherido más de media docena de agentes sociales y sindicales.
Desde el sindicato denunciaron que ya hace un año desde que el plan PERU, que forma parte de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2018, fue aprobado por consenso del pleno municipal, a pesar de afectar a los edificios 5, 7, 9 y 11 del barrio San Fausto. Su aprobación prometía realojar a todas las personas afectadas y con contrato de arrendamiento en un edificio que se construiría en Juan Ibargutxi, pero que, finalmente, nunca llegó a construirse.
Tal y como explicaron, en octubre de 2023, el Ayuntamiento notificó a once familias de los bloques 9 y 11, y al local histórico de Trintxera que iba a iniciarse el proceso de expropiación de sus edificios. Semanas después, Atxalar S.L, propietaria de los edificios, les notificó que no iban a renovar sus contratos y que diciembre de 2023 sería el último mes de vigencia. Esta suspensión de los contratos de arrendamiento dejó a las 11 familias fuera de la promesa del Ayuntamiento, que se había comprometido a garantizar los realojos sólo para quienes mantuviesen el contrato de arrendamiento. Bajo este contexto, los meses siguientes, entre octubre y febrero, vecinas de San Fausto, el local histórico de Trintxera —lugar en el que se organizan las luchas de Basauri— y el Sindicato de Vivienda de Batu Elkarlaguntza Sarea comenzaron a reunirse para asesorarse legalmente, organizarse y plantear movilizaciones de denuncia.
En febrero de este año, la sociedad pública Bidebi, perteneciente al Ayuntamiento, contactó individualmente con las familias afectadas para ofrecerles una indemnización, aunque fue una representante de la empresa Krean, vinculada al grupo Mondragón, quien estuvo presente en las citas. Pero las vecinas ni pudieron ni quisieron aceptarla. Por un lado, por motivos económicos. La indemnización sólo ofrece garantías unos meses. Tal y como ha explicado el sindicato, muchas de estas familias se conforman por madres solteras en situación de vulnerabilidad perceptoras de la RGI; renta que está condicionada por el indicador de pobreza y que perderían al aceptar la indemnización. También por dignidad, porque construir nuevas viviendas o llevar a cabo operaciones urbanísticas «no puede hacerse a costa de las vecinas de Basauri». Y, finalmente, por arraigo. «Es completamente lícito y legítimo que exijan los realojos en las viviendas de protección oficial que se van a construir en su calle», explicaba el sindicato.
A fin de redirigir la situación, las vecinas de San Fausto junto con Batu comenzaron a movilizarse con el objetivo de abrir un «canal de comunicación» con los representantes del Ayuntamiento. En la única reunión celebrada a mediados de marzo, el sindicato presentó las demandas de las vecinas y un documento firmado en el que ellas consentían ser representadas por el mismo. Sin embargo, en mayo, el edificio comenzó a tapiar viviendas sin previo aviso, generando tensión y malestar entre vecinas y sus hijos e hijas. «Además, tenemos constancia de que esta orden fue emitida con dos semanas de antelación, justo cuando la propiedad de los edificios pasó de Atxalar al Ayuntamiento», denunciaron. El tapiado continuó y, en julio, anunciaron también el «desalojo inminente» de Trintxera, espacio en el que habían estado reuniéndose semanalmente para organizarse. Un acto que desde el sindicato han calificado como forma de «represaliar» a quienes se organizan.
Dada la situación, desde Batu Elkarlaguntza Sarea solicitaron que, cumpliendo la voluntad de las vecinas, el equipo de gobierno, conformado por PNV y PSE, deje de calificar la actuación del sindicato como «obstaculizadora, populista y totalmente desconectada de la realidad» y les reconozca al fin como «interlocutores válidos», a fin de garantizar el realojo de Trintxera, así como el de todas las vecinas afectadas en las viviendas de VPO que se construirán en los edificios de San Fausto. «La solución es clara: cuando el Ayuntamiento conceda a las vecinas los realojos a los que se comprometió, este conflicto finalizará», han sentenciado.
Adhesiones: ELA, LAB, Argilan-ESK, Lumaltik Herriak, BAF, Bizitu Elkartea, Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), Mujeres del Mundo, Mujeres en la Universidad, Kiskali, Asociación de Vecinos Baskonia Larrazabal, Asociación de Vecinos San Miguel de Basauri, Kakitzat, Sagarrak Ekologista Taldea y Txarraska Gaztetxea.
