Reportajes

Por David BM

En una semana cargada de indignación, el Gobierno Vasco ha decidido homenajear al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, con el Premio Joxe Mari Korta, en medio de una creciente polémica por las relaciones comerciales de su empresa con el ejército israelí. El reconocimiento institucional llega justo cuando una querella por contrabando y complicidad con genocidio ha sido presentada contra la siderúrgica vasca, y tras las protestas de sindicatos y colectivos solidarios con Palestina.

Según ha confirmado el puerto de Barcelona al diario ARA, el cargamento de 122 toneladas de acero que debía embarcar el 1 de julio rumbo a Haifa (Israel) finalmente no fue cargado y no será reprogramado. El material, con origen en Sidenor y destino a Israel Military Industries (IMI), principal fabricante de armas del Estado israelí, iba a ser transportado por la naviera ZIM. La cancelación del envío coincide con la denuncia interpuesta por la Comunidad Palestina de Catalunya, que acusa a la empresa y al transportista de dos delitos: contrabando y colaboración con el genocidio en Gaza.

A pesar de que Sidenor anunció públicamente el 1 de julio que suspendía sus ventas de acero a Israel, no ha querido confirmar ni desmentir si planea realizar el envío desde otro puerto. Según la querella, la empresa habría exportado más de 1.200 toneladas de acero a IMI desde agosto de 2024, ocho meses después de que el Tribunal Internacional de Justicia iniciara el proceso por genocidio contra el Estado de Israel.

La venta de acero con posible uso militar requiere, según la legislación española, una autorización administrativa previa del Gobierno, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez niega haber concedido desde el 7 de octubre de 2023. Por ello, los denunciantes sostienen que la operación podría constituir también un delito de contrabando, al haberse realizado sin autorización explícita.

El Ayuntamiento de Barcelona también se ha pronunciado, recordando que el pleno municipal aprobó en mayo una moción que insta a impedir el atraque de buques implicados en el tráfico de armas con el Estado israelí. El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, fue advertido por el consistorio tras la polémica por la presencia de contenedores con acero militar en sus instalaciones.

Premios para empresarios bajo sospecha

En este contexto, la decisión del Gobierno Vasco de galardonar a Jainaga ha sido duramente criticada por el sindicato LAB, que considera que se trata de un acto de blanqueo institucional. «¿Cómo se puede premiar a quien vende acero a un Estado genocida, en plena ofensiva contra Gaza?», se preguntan.

Además, LAB ha recordado que Sidenor mantiene condiciones laborales precarias, recurre de forma masiva a ETTs y no garantiza el poder adquisitivo de su plantilla, mientras recibe cuantiosas ayudas públicas. El ejemplo más reciente: 45 millones de euros de dinero público destinados a la compraventa de Talgo, operación que refuerza el músculo empresarial del grupo pese al malestar en sus plantas.

La entrega del Premio Joxe Mari Korta a Jainaga en este momento crítico representa —según sus críticos— una grave irresponsabilidad política. Un galardón que, en vez de reconocer la trayectoria industrial, sirve para lavar la imagen de una empresa salpicada por su participación en la maquinaria bélica de un Estado acusado de crímenes de guerra.

El contraste es brutal: mientras se rinde homenaje a un empresario cuya firma está bajo el foco de los tribunales, Gaza sigue bajo las bombas, y la ciudadanía vasca asiste atónita a cómo sus instituciones premian la complicidad con el genocidio.