Al Concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo le piden que sea consecuente con la situación que vive la localidad y que cumpla las leyes que amparan a la población más vulnerable.
La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria se ha movilizado hoy ante el Gobierno Vasco en Bilbao para exigir la retirada del nuevo Proyecto de Ley de la RGI.
Bajo la dinámica Gora Deustu!, la Red de Solidaridad de Deusto sigue en su lucha por la defensa de los derechos sociales, los servicios públicos y el impulso de la vida social y comunitaria del barrio.
Ongi Etorri Errefuxiatuak presentó una moción en el pleno municipal y reivindica ante Juntas Generales y la Diputación Foral de Bizkaia, servicios previstos por la ley vasca de servicios sociales.
Porque “hay que abandonar el modelo que no cuida, dejando a un lado el negocio y la privatización”, el sindicato LAB precisa que son las instituciones quienes deben aprobar normas que publifiquen y garanticen la calidad de los servicios sociales.
Berri-Otxoak asegura que mientras los Ayuntamientos de Sestao, Getxo y Bilbo aumentan sus presupuestos para hacer frente a la crisis económica de la covid-19, el de Barakaldo recorta el suyo en un 3,8% a pesar del colapso de sus servicios sociales
Berri-Otxoak saca a la luz varias prácticas "fraudulentas" del Ayuntamiento de Barakaldo y exige un presupuesto "suficiente" para cubrir las AES que ayudan a las familias en situación de vulnerabilidad.
Muestran su rechazo hacia la continua privatización de los servicios, que dejan a un lado a las personas más desfavorecidas.
Integrantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han denunciado que los presupuestos del Gobierno no recogen las medidas necesarias para garantizar los derechos y libertades de todas las personas.
La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria recoge las condiciones necesarias para garantizar la vida de todas las personas, por medio de la distribución de riquezas o los servicios públicos de calidad, entre otras cosas.
