Por: Laura Fontalba
Los sindicatos LAB, ELA, UGT, CCOO y SATSE se han concentrado ante la Diputación Foral de Bizkaia para denunciar que no se están defendiendo los servicios públicos, sino los intereses partidistas.
En los últimos meses, se han tomado decisiones que dejan entrever un claro recorte en los Servicios Públicos. Los sindicatos han denunciado la reducción del servicio destinado a personas mayores y han mostrado su rechazo al modelo de «titularidad pública y gestión privada». Sin ir más lejos, a mediados de noviembre, Sergio Murillo, diputado de Acción Social, anunció que se iba a privatizar el Centro de Día Lurgorri en Gernika, que ofrecía sus servicios a 15 personas con discapacidad. A finales de noviembre, informaron de que el Centro Asistencial de Gallarta (64 residentes) pasaría a ser un centro dedicado a la discapacidad. Asimismo, se anunció la apertura de un nuevo centro para personas con diversidad funcional en Mundaka, con todos sus servicios privatizados menos la atención directa. Lo que está destruyendo los puestos de trabajo del grupo E en el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS).
En estos momentos, Bizkaia cuenta sólo con 10.748 plazas públicas. 336 en IFAS. Los sindicatos han denunciado observar «líneas políticas muy claras»: la privatización del sector de los Servicios Sociales Públicos. Advierten que la continua privatización está destruyendo el grupo E de la administración, todo por «obedece a la estrategia de aumentar ganancias y sostener empresas que se dedican a dar este servicio con bajos costes y grandes beneficios».
Los sindicatos han explicado que la pandemia de la Covid-19 ha llevado a que empresas privadas tengan que solucionar sus carencias con recursos públicos. De hecho, la Diputación de Bizkaia creó grupos de Inspección, Control y Prevención de las Infecciones con personal público (IFAS), y contrató profesionales públicos para el Centro-Covid Birjinetxe, para los grupos de Respuesta Rápida y para diferentes coordinadores COVID. Lo que deja a la vista que dentro del sector publico «hay personal cualificado y de garante calidad, al contrario del sector privado, donde se priorizan los intereses económicos por encima de la calidad del servicio», según han indicado los sindicatos.
Por todo ello, desde los sindicatos han querido mostrar su rechazo firme hacia las privatizaciones y el abandono de las personas más desfavorecidas, que quedan sin servicios de calidad. Además de cuestionar el modelo de titularidad pública y gestión privada.
