Crítica de la Coordinadora del Movimiento Pensionista de Euskal Herria a los acuerdos de la Mesa de Diálogo Social.
El entonces director general de Lanbide, Borja Belandia, aseguró que “ninguna de las personas que presentaran su solicitud a través de Lanbide vería minorados sus derechos”. Esa promesa no se ha cumplido y las consecuencias están siendo desastrosas.
Berri-Otxoak denuncia que “los salarios del equipo de gobierno conformado por una veintena de personas se ha incrementado este año en un 3%; sólo los sueldos de alcaldesa y concejales liberados pasa a ser de 1,13 millones de euros, Seguridad Social a parte”.
Hosteleros y hosteleras de SOS Ostalaritza y Bizkaiko Tabernariak en Bilbao han sido desalojados de la entrada de la Tesorería General de la Seguridad Social por agentes de la Ertzaintza, antes de lograr entregar una carta en la que explican su dramática situación.
Denuncian que Lanbide, el organismo gestor del IMV en la CAV, ha estado delegando desde el primer momento sus funciones en la Seguridad Social. Además de no formalizar las solicitudes del IMV, deniega la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a quienes no lo soliciten previamente.
Babestu Elkartea, junto al Movimiento de Pensionistas de Bizkaia hacen la siguiente valoración a raíz de las manifestaciones efectuadas por el Diputado, sobre las encuestas realizadas desde el Área que dirige y su análisis sobre la gestión del ente foral.
Berri-Otxoak alerta que desde el 15 de febrero, fecha en la que se abrió el plazo para solicitar estas ayudas, se concedió cita a 1.657 familias y la entrevista se concertaba para el martes 11 de mayo. Un día después, las citas ya se estaban concediendo para el 3 de junio.
Protesta de Berri Otxoak contra el recorte de cuantías, endurecimiento de requisitos y retraso en la apertura del plazo de solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia.
Para el Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar, el inicio de la campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la que pretenden aumentar el control sobre salarios y cotizaciones de trabajadoras de hogar, es un paso adelante, pero tiene que hacerse realidad.
Para Berri-Otxoak “todos estos hechos dejan patente el lugar que ocupan las necesidades de las familias en la escala de prioridades del gobierno local que no duda en aumentar el número -y nóminas- de cargos de confianza, administrativos y asesores a la mínima ocasión”.
