La Renta de Garantía de Ingresos es una conquista derivada de la lucha y la movilización social. Sin embargo, el sistema de protección social de la CAPV ha sido sometido en los últimos años a un constante y feroz ataque:
– Desde 2012 ha sufrido un recorte del 7%
– Las condiciones para acceder a estas prestaciones se han endurecido mucho
– Se ha decidido que la subida del 8% del SMI no se aplicará a las ayudas sociales gestionadas por Lanbide (por tanto, tampoco la RGI)
– El 31 de mayo de 2017 el departamento de Empleo y Política Social de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa propuso 15 modificaciones y 5 cambios de norma para reformar la RGI
En esta situación de emergencia social hemos denunciado mediante esta movilización social la involución que sufre el sistema de protección social, y hemos reivindicado un Sistema público de Protección Social. El 1 de abril tomamos las calles de Bilbo, y desde que la consejera Artolazabal hizo pública su propuesta en torno a la RGI, diversos colectivos hemos organizado movilizaciones a lo largo del mes de junio, uniéndonos así al llamamiento de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria.
– Los y las pensionistas denunciaron que la RGI afecta directamente a personas pensionistas y jubiladas. En concreto, 15.076 pensionistas complementan su pensión con la RGI; esto supone el 30% de las personas que perciben esta renta. Mientras que el señor Egibar, portavoz del PNV, justificaba la decisión de desvincular la subida de la RGI del SMI diciendo que era para “no eliminar el estímulo para trabajar”, el colectivo de pensionistas advirtió que ya están fuera del mundo del trabajo y que es difícil garantizar condiciones de vida dignas con las pensiones de miseria que cobran.
– Usuarias y usuarios denunciaron que la propuesta de reforma pretende seguir desmantelando el sistema de protección social, porque éste da cobertura a cada vez menos personas (y la cuantía de las prestaciones es cada vez más reducida). Denunciaron que un amplio sector de la ciudadanía, un sector demasiado grande, carece de recursos para llegar a un nivel mínimo de bienestar, y que estos recortes se justifican mediante una campaña de criminalización. Exactamente, a día de hoy, son 62.924 las personas perceptoras del RGI. Las instituciones y partidos que acuerdan y aplican los recortes sociales quieren acabar con los derechos sociales estigmatizando a diferentes colectivos.
– Los y las jóvenes pusieron de manifiesto que, si se aplicasen en la RGI las propuestas del departamento de Empleo y Políticas Sociales, su posibilidad de desarrollar una vida independiente y autónoma se vería muy limitada. Si se impusiera el límite de una sola RGI por vivienda, ello perjudicaría a la emancipación de los y las jóvenes y pondría en cuestión el derecho a la vivienda. A su vez, advirtieron que mientras la precarización y el empobrecimiento se cronifican, muchos y muchas jóvenes se pueden ver obligados a emigrar en busca de un futuro mejor, lo que implica el riesgo de perder los conocimientos y el talento de toda una generación.
– El movimiento feminista advirtió que en este contexto las mujeres son el sector más afectado: a modo de ejemplo, somos las mujeres quienes tenemos un 30,8% de los empleos parciales. A día de hoy, el 56,75% de las perceptoras del RGI somos mujeres (35.701 mujeres). Por si no bastara el alto nivel de precariedad y desempleo de las mujeres, la brecha salarial y la desvalorización de las profesiones feminizadas, no podemos dejar de lado el trabajo que hacemos gratis. Somos nosotras quienes desempeñamos los trabajos de cuidado que este sistema necesita para funcionar y respondemos a las necesidades básicas para la subsistencia. Por ello, los recortes de prestaciones sociales suponen una pesada carga que se nos echa a la espalda.
– Hoy la mayoría sindical vasca ha denunciado que la RGI se queda aislada de la realidad que vivimos en el mundo del trabajo al desvincular la cuantía de la renta del SMI o el IPC y someterla a los presupuestos, esto es, dejarla a merced de la voluntad de los partidos. La durísima precarización que sufrimos en las condiciones de trabajo ha agudizado la brecha social, y el colectivo de trabajadores y trabajadoras pobres es cada vez más grande. En concreto, 12.321 personas que trabajan cobran la RGI: un 20% del total.
Las lecturas hechas desde cada sector dan como resultado una foto muy completa de una cruda realidad. ¡La pobreza no es una consecuencia natural de la crisis! El deterioro de las condiciones de trabajo y el desmantelamiento de los servicios públicos responden a la lógica y los objetivos de las políticas neoliberales.
La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria reivindica que las prioridades de las iniciativas políticas, económicas e institucionales deben cambiar; hay que situar en primer plano a las personas y sus intereses, por encima de los intereses de los mercados, y dar más importancia al derecho al trabajo, no a los intereses del capital. Es inaceptable que el fin último de cualquier actividad económica sea el empobrecimiento general, mientras unas pocas personas se enriquecen. Es posible, y necesario, cambiar las políticas que agravan el desempleo, la precariedad, la pobreza y las desigualdades sociales. Hay que cambiar la situación de raíz, y tenemos una alternativa: Un sistema público y propio de Protección Social, digno y de calidad.
Por ello, planteamos al Gobierno Vasco y a todas las fuerzas políticas que componen el Parlamento de Gasteiz las siguientes reivindicaciones, con el fin de que se desarrollen desde la competencia de cada cual:
1. Eliminación de todo recorte que agudice las desigualdades sociales.
2. Mejora de las prestaciones sociales con el fin de responder al aumento del desempleo y de la pobreza.
3. Que la consejera Artolazabal retire las propuestas de reforma de la RGI y se modifique la ley de prestaciones sociales de manera que nadie viva por debajo del umbral de la pobreza.
4. Para ello hay que permitir la participación democrática de ciudadanía, agentes sociales y sindicatos en el diseño, toma de decisión y control de las políticas.
A la vista de la grave situación social, dado que la consejera de Empleo y Políticas Sociales ha presentado una propuesta de reforma de las prestaciones sociales por Lanbide, exigimos una respuesta o una fecha para reunirnos antes de que comience el próximo curso político.
