Hosteleros y hosteleras de SOS Ostalaritza y Bizkaiko Tabernariak en Bilbao han sido desalojados de la entrada de la Tesorería General de la Seguridad Social por agentes de la Ertzaintza, antes de lograr entregar una carta en la que explican su dramática situación.
La plataforma Euskal Herriak Kapitalari Planto! se ha concentrado este miércoles ante la oficina de Euskaltel situada en la sede de Gregorio de la Revilla 12 de Bilbao para denunciar la culminación del proceso de privatización y desarraigo de dicha empresa.
El Parlamento Vasco ha aprobado definitivamente los presupuestos vascos de 2021 gracias a la mayoría absoluta que ostentan PNV y PSE-EE, pero con el rechazo de los grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox).
“¿Qué estamos salvando ahora? ¿Dónde se han producido los más de 1000 contagios diarios de estos últimos días? ¿En nuestros bares?”
En las invitaciones repartidas por Bizkaiako Tabernariak mientras realizaban una movilización, se invita jocosamente a una fiesta de Cotillón de año 2020, sin limitación de aforo en la sede del PNV y recomendado por la Comisión del LABI.
Desde el Grupo de Autónomos/as de Euskal Herria (AUPA/AEE) denuncian que a día de hoy, no se ha puesto sobre la mesa ningún Plan de Ayudas reales para el sector de la hostelería frente a la orden de cierre anunciada ayer por el Lehendakari Iñigo Urkullu y que afecta a 60.000 personas y sus familias.
Las asociaciones de familiares de usuarios de residencias de personas mayores, Babestu de Araba y Bizkaia, Gipuzkuako Senideak, Irauli zaintza y familiares de usuarios de residencias y centros de día de Araba y el Movimiento de Pensionistas de la CAV, reunidos en Gasteiz, reiteran su preocupación porque los centros residenciales de atención a la dependencia siguen sin ser sitios seguros para las personas usuarias y trabajadoras.
La Comisión Consultiva solicita al Lehendakari que mantenga a Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer como organismo autónomo adscrito a la Lehendakaritza, porque "la política se muestra con hechos y no con promesas ni peticiones de confianza".
El Servicio Público Vasco de Vivienda (Etxebide) niega a la mujer su inscripción en el registro de solicitantes de vivienda protegida y, como consecuencia, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) reclama a la víctima 3.800 euros.
"Hoy los gobiernos, tanto del Estado como de la CAV y Navarra están haciendo planes y presupuestos y exigimos que la voz y las reivindicaciones del movimiento de pensionistas de Hego Euskal Herria sean escuchadas y atendidas".
