Por Laura Fontalba
Tal y como recogen, este año también, la mayoría de las personas atendidas han sido mujeres (98,51%), superando el número de trabajadoras externas (59’57%) al número de trabajadoras internas. De ello destaca que casi el 99% de las trabajadoras internas fuesen mujeres migradas y que un 26’17% se encontrasen en situación administrativa irregular, lo que les ha llevado a tener que soportar un «especial mal trato en sus condiciones de trabajo». Es por ello que, para la asociación, uno de los principales pasos hacia unas condiciones laborales dignas es la regularización inmediata de todas estas trabajadoras.
De hecho, desde la asociación explicaron que, para la mayoría de las trabajadoras internas, no se respetan ni las horas de jornada ni las horas de descanso. Además de la jornada diurna, al menos el 45’30% de internas que cuidan a personas dependientes se ven obligadas a prestar atención dos o más veces cada noche. Una responsabilidad que no se ve reflejada en los salarios, pues casi el 98% de ellas no reciben un salario correspondiente a las horas trabajadas. Lo que empeora para las trabajadoras en situación irregular, y que se repite en el caso de las trabajadoras externas (casi el 22%) que no alcanzan ni el SMI.
«El cuidado en régimen interno se proporciona en condiciones ínfimas de seguridad y salud laborales», aseguraba la asociación, que relataba cómo muchas de estas trabajadoras se enfrentan a jornadas diurnas de 60 horas con personas dependientes, sin que se les garantice ningún tipo de formación o entorno y medios pata desempeñar esta tarea sin que afecte a su propia salud. «No hay ningún amparo de la Inspección de Trabajo en este terreno, tampoco de Osalan», denunciaron.
A lo largo de su informe, también denunciaron diversas actitudes por parte de las Instituciones del Trabajo y de la Seguridad Social, que complican considerablemente alcanzar los derechos de todas estas trabajadoras. Entre sus reivindicaciones, por ejemplo, destacaban la actitud de Osakidetza cuando considera lesiones derivadas del trabajo como «enfermedades comunes»; la gestión del SEPE, que no reconoce a efectos de prestación de desempleo el periodo anterior a enero del 2022, cuando comenzó a poderse cotizar en Hogar; la tardía actuación de Inspección de Trabajo, que obliga a las trabajadoras a renunciar a sus derechos; o la actitud de la falsa cooperativa Darucama y la agencia de servicios La Cruz Azul, que contratan como «falsas cooperativas» a las trabajadoras y las colocan en condiciones laborales inferiores al Estatuto de los Trabajadores.
