Reportajes

Por Ecuador-Etxea

En Euskadi, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) fue concebida como un mecanismo de protección social para quienes, por diversas circunstancias, no pueden garantizarse un sustento mínimo. Sin embargo, en los últimos años, cada vez más personas denuncian que este derecho se ha convertido en un campo de batalla burocrático donde los más vulnerables son los que pierden. Uno de esos casos es el de Nuria M.M., una mujer discapacitada de Santurtzi a quien LANBIDE le retiró su prestación simplemente por compartir vivienda.

Su historia no solo pone en evidencia las deficiencias del sistema de garantías sociales en Euskadi, sino que refleja una política de sospecha sistemática hacia los perceptores de la RGI. A continuación, desglosamos su caso, analizamos las implicaciones legales de la Ley 14/2022 y recogemos el sentir de quienes han sido afectados por decisiones similares.

De la seguridad a la incertidumbre: el caso de Nuria

Nuria es pensionista por Incapacidad Permanente Total y, durante años, su situación fue reconocida dentro del sistema de garantía de ingresos, que le concedió la RGI como Unidad de Convivencia Unipersonal Excepcional. No obstante, el 15 de octubre de 2024, LANBIDE tomó una resolución que cambió su vida drásticamente: le extinguió la prestación con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre, dejándola de la noche a la mañana sin ingresos.

¿El motivo? Compartir vivienda con otra persona. Para la administración, este hecho bastaba para presuponer que ambos mantenían una “relación análoga a la conyugal”, lo que significaba que Nuria ya no era considerada una unidad unipersonal, sino parte de una pareja y, por tanto, debía ser su “pareja” quien sustentara su manutención.

Para Nuria, esto es una injusticia mayúscula y, sobre todo, una prueba de cómo la normativa vigente castiga a los más desfavorecidos en lugar de protegerlos. En sus propias palabras:

“Me he visto obligada a compartir piso porque los alquileres son inasumibles. Pero según LANBIDE, compartir casa significa automáticamente que somos pareja sentimental. ¿Cómo se prueba que no lo somos? ¡Es absurdo! Me han quitado mi única fuente de ingresos sin darme opción a defenderme.”

Su lucha comenzó con la presentación de un Recurso de Alzada el 21 de noviembre de 2024, en el que aportó documentación para demostrar que no existía ninguna relación con su compañero de piso. Sin embargo, LANBIDE respondió con silencio administrativo, una estrategia que suele utilizar para desgastar a los afectados y forzarlos a desistir.

Pero Nuria no se rindió. Decidió acudir a los Tribunales de Justicia y exponer su caso públicamente para denunciar lo que considera una vulneración de derechos fundamentales.

Una ley que criminaliza la convivencia

El caso de Nuria no es aislado. La Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos ha introducido cambios que, lejos de mejorar la protección social, han generado un clima de sospecha y persecución sobre quienes dependen de la RGI.

El artículo 28 de la ley establece que LANBIDE puede presumir la existencia de una pareja de hecho si dos personas conviven durante un tiempo determinado. Si bien la norma permite al afectado presentar pruebas en contra, en la práctica, esto es una inversión de la carga de la prueba que vulnera el principio de presunción de inocencia.

“No se puede obligar a alguien a probar que NO mantiene una relación sentimental. Eso es jurídicamente aberrante”, señala un abogado especializado en derecho administrativo.

Para colectivos sociales, este tipo de medidas no combaten el fraude, sino que criminalizan la pobreza y obligan a las personas a vivir en soledad para no arriesgarse a perder su única fuente de sustento.

Las protestas contra los abusos de LANBIDE

La indignación por casos como el de Nuria ha llevado a la movilización de numerosos colectivos sociales. En Santurtzi, Bilbao y otras localidades vascas, plataformas como Berri-Otxoak, Argilan-ESK y la Oficina de Derechos Sociales de Santurtzi han denunciado la actuación de LANBIDE y han organizado protestas contra lo que consideran una política de “recortes encubiertos”.

En enero de 2025, se realizó una manifestación en Bilbao bajo el lema “LANBIDE, basta de abusos”, en la que numerosos afectados expusieron públicamente cómo la administración les ha dejado sin ingresos por interpretaciones arbitrarias de la ley.

“Nos tratan como si fuéramos delincuentes. Nos obligan a pasar por humillaciones, burocracia interminable y falsas acusaciones solo por pedir lo que es nuestro derecho”, denunciaba un manifestante.

Además, se han reportado casos en los que la Ertzaintza ha acudido a domicilios de perceptores de la RGI para “verificar” si realmente residen allí, algo que ha sido criticado como una práctica de control abusiva.

Una lucha por la dignidad

Nuria M. M. es una de las muchas víctimas de un sistema que, en lugar de amparar, expulsa. Su caso ilustra cómo la Ley 14/2022 ha sido utilizada para recortar derechos y cómo LANBIDE aplica sus normativas con una dureza que deja en la miseria a quienes más protección necesitan.

El problema no es solo Nuria. Son cientos de personas en Euskadi que se encuentran en la misma situación y que enfrentan la burocracia sin herramientas ni recursos. Nuria ha decidido luchar, pero ¿cuántas personas más han sido silenciadas por la desesperación?

La pregunta que queda en el aire es: ¿para qué sirve una renta de garantía de ingresos si, en lugar de garantizar un mínimo vital, se utiliza para penalizar la pobreza? Hasta que el Gobierno Vasco y LANBIDE no den respuesta a esta cuestión, seguirán surgiendo más Nurias, más protestas y más voces exigiendo justicia.

Porque vivir con dignidad no debería ser un privilegio, sino un derecho.