Por David BM
“No son casos aislados, es una violencia estructural que ocurre cada día en nuestros centros de trabajo”. Así lo denuncia con rotundidad la Sección Sindical del Servicio de Ayuda a Domicilio del sindicato ESK. La afirmación no es gratuita ni exagerada. Llega tras una cascada de agresiones -algunas mortales- sufridas por mujeres trabajadoras en su entorno laboral, especialmente en sectores feminizados y precarizados como el de los cuidados.
El caso más reciente ha sido especialmente doloroso. Una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio de O Porriño fue asesinada mientras realizaba su jornada laboral, pese a que había alertado previamente a la empresa de la situación de riesgo que enfrentaba. Ese mismo día, antes de ser asesinada, volvió a advertir del peligro. Nadie hizo nada. No se activaron protocolos, no se valoró el riesgo, no se tomaron medidas. “Un crimen laboral que se podía haber evitado”, subraya el sindicato.
Pero este no es un hecho aislado. En el último mes, dos trabajadoras en Euskadi han sido víctimas de agresiones violentas en sus puestos de trabajo. Una educadora del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) fue apuñalada en el centro de Txurdinaga, y una empleada del servicio de Teleasistencia del Gobierno Vasco fue brutalmente agredida por un usuario.
“Esto es la punta del iceberg”, denuncian desde ESK. Según la organización sindical, detrás de estos ataques hay una cadena de responsabilidades compartidas entre empresas y administraciones públicas. “Las empresas tienen la obligación legal y moral de evaluar riesgos y proteger a sus trabajadoras. Y muchas veces, bastaría con pequeñas reorganizaciones o escucharlas a tiempo”, aseguran.
En el punto de mira también están las instituciones. Para el sindicato, las administraciones públicas no pueden seguir lavándose las manos mientras externalizan servicios esenciales a través de contratas. “No basta con adjudicar servicios. Hay que garantizar que se presten en condiciones seguras. No puede haber servicios públicos de calidad si se permite que las trabajadoras sufran violencia o amenazas a diario.”
Desde ESK exigen medidas urgentes:
- La implantación de protocolos eficaces contra las agresiones.
- La escucha y actuación inmediata ante las alertas.
- Asunción de responsabilidades legales, laborales y políticas por parte de empresas e instituciones.
El sindicato lo tiene claro: quien calla, otorga. Y quien no actúa ante la violencia machista en el trabajo, es cómplice.
