En 1986, Felipe González (gobernando con mayoría absoluta), nombró Ministro de Justicia al economista Julián García Vargas (posteriormente patrono de la Fundación de la multinacional farmacéutica Pfizer, mundialmente conocida por las vacunas para la COVID19), quien, a su vez, nombró Presidente de la Comisión para la Reforma Sanitaria a Fernando Abril Martorell. Dicha Comisión elaboró, en 1991, un informe de recomendaciones, conocido como Informe Abril Martorell, en cuya elaboración, en calidad de colaborador técnico, participó Rafael Bengoa, posteriormente Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco y persona muy ligada a empresas sanitarias privadas.
Entre dichas recomendaciones -tan actuales hoy- se proponía la reducción de las prestaciones sanitarias, extender a los pensionistas el pago del 40% de las recetas, control de las bajas por enfermedad por las mutuas patronales, creación de entes públicos regidos por el derecho privado para la gestión de los servicios sanitarios y potenciar la participación de la sanidad privada en el sistema sanitario público. En definitiva, privatizar el sistema público de salud, en beneficio de seguros y empresas sanitarias privadas.
Estas recomendaciones fueron recogidas en la CAV, en 1993, en el Plan Osasuna Zainduz, orquestado por el tándem Azkuna-Rafael Bengoa. Dicho Plan, también fue conocido por el nombre de unos de sus impulsores: Plan Azkuna. Sí, el mismo que tiene una escultura presidiendo una entidad sanitaria privada con excelentes relaciones con el Departamento de Salud y con asidua presencia en sus nóminas de ex-altos cargos del Gobierno Vasco, incluidos exconsejeros de Sanidad.
La Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aprobada, entre otros, por PSOE y PNV (habituales componentes del Gobierno Vasco), apuntala legalmente dicha privatización de la Sanidad Pública. Esta Ley se traspone a la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, creándose Osakidetza, bajo la naturaleza jurídica de ente público de Derecho privado.
Desde entonces, este entramado jurídico, económico, político y de intereses lucrativos personales, ha desviado centenares de millones de euros a empresas privadas, -en cuyos consejos de administración figuran personajes relevantes de ambos partidos-, bien a través de la figura de la concertación (más de 22.000 actos médicos desviados a la sanidad privada, en los 2 últimos años), bien mediante la subcontratación de servicios: Hostelería, lavandería, seguridad, transporte sanitarios, determinadas pruebas diagnósticas, mantenimiento, almacenes, limpieza, etc. Servicios, en los que, por cierto, no existe problema alguno de supuesta falta de personal cualificado.
Desde hace 4-5 años y, muy especialmente, desde la COVID19, este acoso y derribo de la sanidad pública, se viene cebando con un elemento central de la misma: La Atención Primaria. Disminución planificada de recursos humanos y económicos, aminoración de la atención presencial, aumento de listas de espera, reducción de pruebas diagnósticas, brecha digital,etc.
A esto, hay que sumar la situación laboral del personal sanitario, con continuas denuncias por sobrecarga de trabajo, gran temporalidad, falta de motivación por la negligente gestión de los responsables…
En 2022, la vocera del Gobierno Vasco en materia de sanidad, Gotzone Sagardui, afirmó que no se cerraría ningún centro en verano y, sin embargo, dichos cierres afectaron a más de 45 centros.
Durante este verano, una vez más, la Consejera ha anunciado el cierre de medio centenar de consultorios y reducciones horarias en otros 70 (en total, cerca del 40% de los centros), así como la reducción de más de 800 camas hospitalarias y el cierre de un número importante de quirófanos. Así mismo, la apertura de centros sin personal médico, sólo atendidos por enfermería.
Recurriendo a eufemismos, Sagardui ha declarado que, dichas medidas, no constituyen “un recorte”, sino “una adecuación en función de las circunstancias de esta época estival». «Es una adecuación que seguimos semana a semana y que, en función de las necesidades que se tienen, la vamos adecuando”. Alude, además, a la necesidad de descanso del personal.
No tragamos con esta supuesta “adecuación semanal” porque, varias de estas medidas adoptadas en 2022, se han mantenido desde entonces, consolidándose. Consideramos que su decisión está adoptada al margen de las circunstancias que alude, porque, ¿Cómo piensa corregirla, abriendo uno o varios de estos centros, si las circunstancias lo requirieran? ¿Con qué personal? ¿Con qué tiempo de respuesta?
En cualquier caso, Sra. Sagardui, ¿no sería más prudente mantener abiertos dichos centros, aliviar las listas de espera, disminuir la carga de trabajo del personal en activo, aumentar los tiempos de consulta, etc?. En cuanto al descanso del personal, este le corresponde por sus derechos laborales y su sustitución debiera está planificada con la suficiente antelación. Al igual que los cientos de jubilaciones de personal médico previsto en los próximos años.
Es evidente que, tales medidas, conllevan perjuicios notables a las miles de personas afectadas que deben desplazarse, incluso a otros municipios, para ser atendidas en centros que ven aumentados sus cupos. Perjuicios que se incrementan en los casos de personas vulnerables, con especial seguimiento, etc. A la vez que incrementa la asistencia a los servicios de urgencias hospitalarias.
Denunciamos que, las mismas, junto a lo anteriormente expuesto, forma parte de ese “cambio cultural” anunciado por la Consejera que se implementará durante, al menos, 10 años (según sus declaraciones). “Cambio cultural” que incluye el establecimiento de “centros virtuales y atención en diferido”, según se recoge en el Plan Estratégico de Osakidetza 2023-2025. Es decir, una atención cada vez menos presencial y, por consiguiente, de menor calidad. En lugar de centrarse en la Salud y las personas, la asistencia sanitaria se orienta por logaritmos, estadísticas… Se cosifica a las personas, deshumanizando la sanidad.
No viene mal recordar que, tales medidas, el citado Plan Estratégico de Osakidetza o la Ley de Salud Pública de Euskadi (en tramitación parlamentaria), adolecen de algo fundamental, como es la participación ciudadana. Más allá de las proclamas verbales o normativas, exaltando la necesidad de involucrar a la sociedad en la Salud Pública, lo cierto es que se ningunea dicha participación, a pesar de ser solicitada desde el ámbito civil. La falta de información y transparencia es un constante.
Como hemos comentado, la respuesta sindical, ciudadana e, incluso, de colegios profesionales, ante este desmantelamiento de la Sanidad Pública, ha sido una constante, habiéndose incrementado notablemente en los 2 últimos años,con la constitución de diversas plataformas ciudadanas.
Descontento y rechazo recogido en el último Deusto barómetro, reflejando que, por primera vez en la última década, Osakidetza suspende entre la ciudadanía, ocupando, la atención sanitaria, la segunda preocupación tras el coste de la vida. Preocupación que se ha duplicado desde el verano de 2022. Además, el 81% considera que se destinan pocos o muy pocos recursos a Osakidetza.
En definitiva, miembros del Gobierno Vasco, no asisten Uds, como han pretendido trasladar, a una imaginaria confabulación orquestada entre plataformas ciudadanas, sindicatos, colegios profesionales, Deusto barómetro… Se trata, simplemente, de una reacción ciudadana ante estos inadmisibles ataques a la Sanidad Pública.
Volvemos a recordarles que, la Salud, como Derecho Fundamental, debe garantizarse por parte de los poderes públicos. Poderes que, a la vista de los hechos, hacen dejación de tan alta responsabilidad, por mor de intereses espurios.
Por ello, desde las plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, vamos a continuar denunciando estos hechos, señalando a sus responsables y movilizándonos para defender nuestro derecho a una Sanidad Pública, de calidad, universal, que priorice a los sectores más vulnerables, participativa y transparente. Nos va la vida en ello, ya que, recordando una de nuestras consignas, “recortar en sanidad es un acto criminal”.
