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Carta abierta a los Partidos Políticos ante las negociaciones para reformar las pensiones

Ante el inminente acuerdo para reformar las pensiones tras las reuniones del Pacto de Toledo, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se dirige a los partidos políticos para instarles a que esta no sea una ocasión perdida para garantizar pensiones públicas dignas, justas y suficientes.

2020-10-09T10:54:37+00:009 octubre 2020|Bilbao, Coronavirus, Pensiones|Sin comentarios

Este viernes 9 de octubre, delante del Ayuntamiento de Bilbao, una representación del Movimiento de Pensionistas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa han realizado una rueda de prensa en torno a las negociaciones que se están llevando a cabo en el Pacto de Toledo.  Por la información que disponen los pensionistas, creen que el objetivo principal de estas negociaciones es el de plantear una “nueva” reforma de pensiones donde no tendrían cabida sus reivindicaciones fundamentales y “con el agravante, una vez más, de la ausencia total de nuestra intervención”, se lamentan.  Ante ello, advierten que están dispuestas y dispuestos a dar una respuesta.

«Conocemos los grandes titulares de la reforma y nos preocupa».

Carta: Mostramos nuestra decepción porque tras dos años de nuevos Gobiernos y Parlamentos no se hayan adoptado las decisiones necesarias y prometidas para garantizar el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas, entre ellas, derogar de la reforma de 2013, reforma aprobada por el Gobierno sin el apoyo de la Comisión del Pacto de Toledo, así como los aspectos regresivos de la reforma de 2011 que están recortando las pensiones y debilitando el sistema público de reparto. Tampoco se han derogado las reformas laborales de 2010 y 2012 que están reduciendo sistemáticamente salarios y cotizaciones.

No se ha compensado, el déficit de la Seguridad Social ocasionado por el pago de gastos impropios recomendado desde 1995. La Seguridad Social debería haber sido resarcida vía Presupuestos Generales del Estado de la deuda histórica; de haberse producido las trasferencias correspondientes, la Seguridad Social estaría financieramente saneada y las reformas realizadas tanto en 2011 como en 2013 no hubieran tenido ninguna excusa o justificación para realizarse y tampoco los recortes previstos en esta y futuras reformas.

Las pensiones mínimas que deberían haber sido incrementadas en cumplimiento del mandato de la Carta Social Europea y lo recogido en el Proyecto de Presupuestos Generales de 2019, acordado por los partidos del actual Gobierno, ni siquiera se han revalorizado hasta el SMI y quedan muy lejos de los 1080 euros que revindicamos.

Demandamos que en esta ocasión la reforma que se pretende realizar sirva para mejorar el sistema y no para recortado una vez más. Por ello definitivamente hay que:

– Garantizar normativa y financieramente el sistema público de pensiones. No es suficiente la externalización de gastos impropios si no van acompañados de políticas de creación de empleo en cantidad y de calidad y si aun así fuera necesario aportaciones directas permanentes de los Presupuestos Generales, plenamente justificadas por la deuda histórica reconocida incluso por el Tribunal de Cuentas.

– Derogar, los aspectos regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013, entre ellas, el Factor de Sostenibilidad, tanto en la reforma de 2013 como de 2011, el aumento de la edad de jubilación a 67 años, el aumento de los años de cotización para el cálculo de la pensión, los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados etc.

– No es suficiente derogar, si es que finalmente se hace, la reforma del 2013; la reforma que hoy está reduciendo las pensiones es la reforma de 2011. No hacerlo es perpetuar el ataque a las pensiones públicas y dejar la puerta abierta a nuevos recortes.

– En el objetivo de cumplir los compromisos de la Carta Social Europea. Incrementar la pensión mínima a 1080 euros y el SI a 1200.

– Derogar ya las reformas laborales de 2010 y 2012.

– Garantizar la revalorización automática de las pensiones en función, como mínimo, del incremento del coste de la vida; sin otros índices que la rebajen, cuya posibilidad está contemplada en la Recomendación «Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones» del año 2011.

– Eliminar la brecha de género en salarios y pensiones, reconociendo el derecho subjetivo de las mujeres a una pensión digna, estableciendo la pensión mínima en 1080 euros y mejorando sustancialmente las pensiones no contributivas y la pensión de viudedad, especialmente cuando sea la única pensión que se perciba elevar del 60% al 100% de la base reguladora.

Son inaceptables propuestas que se anuncian, como:

– Incrementar las penalizaciones de la jubilación anticipada, e incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación. Reiteramos nuestro rechazo al aumento de la edad de jubilación y por tanto estamos en contra de cualquier estratagema que lo consolide.

– La implantación efectiva de los planes privados de pensiones con recursos públicos.

– Buscar nuevos índices de referencia para incrementar las pensiones mínimas con el fin de eludir los criterios de la Carta Social Europea.

– Modificar la pensión de viudedad para que de facto pierda progresivamente su carácter de pensión contributiva y termine siendo incluida en el sistema asistencial.

– Extender a toda la vida laboral el cálculo de la base reguladora de la pensión.

– Tampoco estamos de acuerdo en incorporar a los sistemas asistenciales las pensiones no contributivas, los complementos a la pensión mínima y viudedad; hacer esto reduce el carácter de reparto del sistema público y facilita su reducción o eliminación.

Estas propuestas suponen nuevos recortes y van en el sentido contrario a nuestras demandas de repartir la riqueza y el trabajo reduciendo la edad de jubilación; fomentar el acceso al trabajo de la gente joven y garantizar el sistema público de pensiones.

Corno hemos visto, no es un problema de falta de recursos; el sistema público de pensiones es «viable»; por tanto, es un problema de prioridades políticas, es, en el fondo, un problema de reparto equitativo de la riqueza y una fiscalidad que prima las rentas de capital, el fraude y los paraísos fiscales.

Apelarnos también a los partidos de la CAV y de Navarra que asuman responsabilidades propias en esta reforma y adopten las decisiones políticas precisas para garantizar el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas, justas y suficientes, entre ellas complementando hasta 1080 euros la pensión mínima.

Aunque no albergamos muchas esperanzas, deseamos que las actuales negociaciones sirvan para que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta; dejar pasar la oportunidad para ello es inaceptable para el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria y contará con nuestro más rotundo rechazo.

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