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//Carbón para Gobierno Vasco y Podemos por endurecer la RGI

Carbón para Gobierno Vasco y Podemos por endurecer la RGI

Denuncian los recortes contemplados en la reforma de la Ley de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) aprobada este jueves 22 de diciembre.

2022-12-22T12:05:09+00:0022 diciembre 2022|Reportajes|Sin comentarios

Por Berri-Otxoak

Para escenificar esta nueva “condena a la pobreza» Mari Domingi y Olentzero entregan decenas de kilos de carbón ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao en denuncia de los recortes contemplados en la reforma de la Ley de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

El Gobierno Vasco y Unidas-Podemos, junto a la abstención de EH Bildu, acuerdan endurecer los requisitos de acceso y recortar aún más los derechos del colectivo de personas solas, pensionistas y familias con menores a cargo. Además de penalizar a las personas que comparten pisos de alquiler.

“La reforma que se aprueba esta mañana de la RGI en el Parlamento Vasco se realiza a espaldas de las personas y familias más vulnerables y precarizadas, empobreciendo aún más a quienes menos tienen».

Según la memoria económica esta reforma de la RGI supondrá un coste de 42 millones de euros. El ahorro del Gobierno Vasco a cuenta de la gestión del IMV está siendo de 148 millones de euros. El Gobierno Vasco y Unidas-Podemos recortan el sistema de garantía de ingresos cuando existen, como mínimo, más de 100 millones de euros para revertir los recortes aplicados durante la última década y ampliar los derechos sociales.

En concreto, el documento aprobado por el Gobierno Vasco y Unidas-Podemos mantiene los recortes entre el 20% y un tercio aplicados desde el año 2012 a las cuantías de la RGI. Asimismo, se retira la actual indexación de la cuantía de la RGI al SMI. La cuantía se establecerá ahora al albur de lo que crea conveniente el Gobierno Vasco de turno, sin tener en cuenta los parámetros de pobreza de la Comunidad Autónoma Vasca.

Por otro lado, según la actual legislación, la RGI debería situarse en 1.026€ mensuales (en 12 pagas); sin embargo, esta nueva normativa la sitúa en 800 euros, lo que supone dejar de percibir 226 euros cada mes. Las familias pensionistas, o con personas dependientes verán recortados sus derechos y cuantías de las prestaciones que les corresponden por la actual normativa, en 154 euros mensuales. En concreto, el complemento de pensiones que gestiona Lanbide debía ser según la actual regulación de 1.167€ (en 12 pagas) y se establecerá según la normativa de Unidas-Podemos y Gobierno Vasco será de 1.013 euros mensuales.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y Unidas-Podemos también ratifica uno de los principales recortes introducidos en el año 2012: se penaliza a las personas que comparten pisos de alquiler: “cuando en un mismo domicilio resida más de una unidad de convivencia, sea beneficiaria o no de la RGI, la cuantía se recortará aplicando un índice corrector a la baja del 15%”. Castigando, de este modo, a las personas y familias más vulnerables y precarias que son las que se ven obligadas a compartir piso.

El acuerdo alcanzado entre Gobierno Vasco y Unidas-Podemos conserva los recortes a las ayudas al alquiler: de los 320 euros del año 2011 con la nueva redacción serán 300 euros mensuales. Cuantía que no cubre ni el precio medio de una habitación en alquiler. Aquí nadie habla del incremento desmesurado de los precios de alquiler que se han vivido en los últimos años y, más, en los últimos meses a cuenta del alarmante aumento del IPC.

Además la nueva normativa mantiene el último recorte realizado por Lanbide a la familias monomarentales perceptoras de la RGI a través de su Instrucción interna JAR-DBE-023, que imposibilita su independencia económica si son acogidas por sus familiares producto de una separación, divorcio o desahucio y si sus menores a cargo superan una determinada edad, que con la nueva redacción serán los 3 años.

Se continúa en la senda de la criminalización de la pobreza. LaLeysuscrita en el día de hoy insiste en el empleo de sistemas biométricos, como la huella dactilar y reconocimiento facial. Hecho cuestionado por la “Agencia Española de Protección de Datos” a raíz de la denuncia de varias personas usuarias de las oficinas del Lanbide del barrio barakaldés de Cruces.

Se sigue estigmatizando a las familias usuarias como proclives al “fraude”, cuando este es irrelevante: no llegando ni al 0’5% de todas las prestaciones gestionadas. Es más, se introduce que el personal de Lanbide podrá “acceder al domicilio de las personas titulares de las prestaciones”.

Hay que tener en cuenta que en sus 33 años de historia las políticas sociales del Gobierno Vasco, y ahora con la aquiescencia de Unidas-Podemos y la abstención de EH Bildu, han sido incapaces de proteger alas familias de la CAPV. Cada año un tercio de la población en situación de exclusión social no accede al sistema de garantía de ingresos, 54.197 personas; y las personas que acceden a la RGI que no salen de la pobreza llegan hasta las 67.306 personas. Todo ello según datos del propio Gobierno Vasco.

Los recortes recogidos en esta nueva la Ley de la Renta Garantía de Ingresos repercuten de forma directa en las 727.897 personas -un tercio de las personas residentes en la CAPV-, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes. En concreto, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, señala que un 19’9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5’6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.

Asimismo, el Gobierno Vasco señala que la pobreza infantil crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años: 92 000 niños y niñas en la CAV están en peligro de pobreza, principalmente en hogares encabezados por mujeres.

Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde hace 25 años, desde el 17 de noviembre de 1997, una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado más de 15.000 familias de la localidad.

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