Ante la sede de Mutualia en la esquina de la calle Henao con Heros, vecinas y vecinos se han concentrado convocados por la plataforma Abando Habitable y la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Colegio Cervantes para denunciar “el papel protagonista que tiene esta empresa en el proyecto y consecuente derribo”.
El consistorio bilbaíno aprobó el pasado 29 de marzo la licencia de derribo del edificio de la ex-universidad de BAM, a pesar de las múltiples contradicciones que aseguran, tienen los documentos presentados por la constructora y el peligro que supone en plena pandemia para la salud del vecindario y comunidad escolar del CEIP Cervantes.
Las obras comenzarían en verano, para en teoría no coincidir con el periodo lectivo, aunque, como ya han expuesto los vecinos y afectados en múltiples ocasiones: “las obras durarán seguramente más de lo que se dice”. De hecho, su propio Estudio de seguridad y salud dice que durarán 4 meses y que la actividad de la Haurreskola (guardería) no termina hasta finales de julio.
Ventilar 10 minutos un aula escolar es insuficiente
La ventilación durante solo 10 minutos cada hora como propone la empresa constructora y ha sido validado por los técnicos y gobierno municipal, afirman es “insuficiente” para renovar el aire dentro de un aula. Ya que el ruido y el polvo de las obras harán imposible mantener las ventanas abiertas de manera continua para ventilar convenientemente.
“Cerrar las ventanas durante 50 minutos supondría que la probabilidad de contagio se multiplique por tres o por cuatro al alcanzar niveles de CO2 de entre 1.500/2.000 ppm (en función del número de alumnos y actividad a realizar)”, señalan. En este sentido, integrantes destacados de la comunidad científica apoyaron recientemente a la AMPA Cervantes en su denuncia.
La Administración está corriendo un altísimo riesgo al no entender que la principal vía de contagio de una enfermedad respiratoria como la COVID-19 es la aérea. Una incorrecta ventilación y alcanzar dichos niveles de CO2 supone multiplicar el porcentaje de aire respirado previamente por otras personas.
Responsables políticos
Desde la Asociación Abando Habitable tienen claro que es el Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao, formado por PNV y PSE, y más concretamente, Juan Mari Aburto (Alcalde), Alfonso Gil (Teniente Alcalde), Asier Abaunza (Concejal de Planificación Urbana y de Obras), Koldo Narbaiza (Concejal de Educación y presidente del Consejo de distrito de Abando), Yolanda Díez (Concejala de Salud) y Álvaro Pérez (Concejal de Medio Ambiente), quienes van a permitir el derribo de la antigua sede BAM en Abando en la actual situación de pandemia.
Más aún, señalan, sin el cambio de uso que aprobó el consistorio para la parcela, permitiendo además del educativo, otros usos terciarios, la operación Obispado-Murias-Mutualia no sería posible. “Predica una ciudad verde, pero con su actuación Abando pierde su última oportunidad de crear un parque de proximidad que el nuevo PGOU establece como necesario para el barrio”, se lamentan.
La recalificación del PGOU fue recurrida al Tribunal Supremo por Ekologistak Martxan.
Cómplices imprescindibles y necesarios
Para Abando Habitable este pelotazo ha requerido de otros actores necesarios como el Obispado, propietario de la parcela, y Murias-Urbas, constructora encargada del proyecto, la mutua Mutualia, a la que califican como “cómplice imprescindible” en esta operación especulativa y totalmente desproporcionada para un entorno saturado de ladrillo.
Explican que es Mutualia quien va a ocupar la mitad del edificio proyectado con una nueva clínica, “sin importarle el impacto que el mismo va a tener en el barrio de Abando, en sus vecinos y especialmente, en el Colegio Cervantes y sus alumnos en el actual contexto de alarma sanitaria originado por el COVID-19”.
