Por Laura Fontalba
Esta mañana, Argitan, Centro Asesor de la Mujer, Berri-Otxoak, plataforma contra la precariedad y la pobreza, y los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT se han concentrado ante el Palacio de Justicia, en Barakaldo, para protestar contra los desahucios y exigir que se garantice el acceso a una vivienda digna.
Hoy, hace once años que Amaia Egaña, vecina de Barakaldo, se quitó la vida cuando iba a ser desahuciada de su vivienda. Once años después, los desahucios siguen vigentes y las alternativas habitacionales no se han ampliado ni mejorado. Esta situación ha llevado a colectivos sociales y sindicales ha concentrarse para denunciar que, a lo largo de la última década, 2.225 familias han sido desahuciadas en Barakaldo. Este último año, 198. «El 89% de ellas, de una vivienda en alquiler; algunas incluso de la habitación en la que residen, así de grave es problema del acceso a una vivienda en el municipio», han explicado.
Con ánimo de encontrar soluciones, estas entidades han demandado que se aplique el protocolo frente a los desahucios que se aprobó en 2013 y el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial renovaron en 2019, por el que se establece que «los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio». De la misma manera, han exigido el «acatamiento institucional» de las resoluciones del Defensor del Pueblo-Ararteko, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que también obligan a que se garantice una vivienda a aquellas personas afectadas por un desahucio.
Finalmente, al grito de lemas como «Ni gente sin casa, ni casas sin gente» o «Kaleratzerik ez!», han exigido al Gobierno de Barakaldo que frene su política de recortes en el acceso a las ayudas de emergencia, aumente el presupuesto de las ayudas económicas municipales, mantenga el plazo de solicitud abierto los 12 meses del año y se apueste por el alquiler social y la dotación de un parque de viviendas municipal que realoje a todas las familias afectadas.
