Estos días, muchas organizaciones han lanzado campañas, peticiones y denuncias para exigir mejores condiciones para los colectivos más desprotegidos.
En la misma línea, desde la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak han elaborado un documento compuesto con 7 medidas dirigidas a Ayuntamientos, Diputaciones Forales, Lehendakari de la CAPV, Ararteko, Presidenta del Gobierno de Navarra, etc., para intentar dar una respuesta conjunta a la actual situación de emergencia sanitaria, la cual, unida a la crisis estructural previa al virus, ha hecho que las capas sociales más desfavorecidas sean, una vez más, las que paguen las consecuencias económicas y sociales de las mismas.
Las medidas incluidas en este documento son las relacionadas con:
– Recursos habitacionales durante el confinamiento.
– Tramitación de un documento para la circulación.
– Respuesta al control policial.
– Medidas administrativas y económicas, una vez terminado el confinamiento.
– Empadronamiento.
– Implementación de una Renta Básica Universal.
– Regularización administrativa de las personas migrantes.
Esta iniciativa es un punto de partida para compartir saberes, sinergias y abrazos. Quiere ser, también, un paso más para conseguir el respeto de los derechos para todas las personas. Porque sólo así se puede hacer comunidad. Una comunidad más justa y rica en afectos y solidaridad, donde ninguna persona quede marginada y excluida.
Con esta propuesta, han querido aglutinar reivindicaciones y fuerzas para que lleguen con mayor intensidad a la sociedad y a cada una de las instituciones responsables en cualquiera de los Territorios.
“Necesitamos seguir creando redes de cooperación, amplias y plurales, que aúnen y complementen nuestras luchas en favor de los derechos de todas las personas, para que, cuando salgamos del encierro, consigamos entre todas que las personas seamos siempre lo primero..”
Se buscan adhesiones como colectivo u organización, a través del siguiente enlace o a través del correo eskubideguztiakdenontzat@gmail.com
DEMANDA DIRIGIDA A LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE (AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIONES FORALES, LEHENDAKARI DE LA CAPV, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, etc.)
La emergencia COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia que tienen los servicios sociales públicos y su coordinación. También ha puesto de relieve los importantes retrocesos experimentados en los ámbitos de la salud, la educación, el medio ambiente, el trabajo y la convivencia causados por los recortes realizados en las últimas décadas. Además, en el caso de las personas migrantes, el impacto de las políticas de austeridad se está viendo agravado por la vulneración de Derechos Humanos que suponen leyes como la Ley de Extranjería.
Como consecuencia de dichas políticas, la precarización de la vida cotidiana se ha ido extendiendo. Aumenta el número de personas que traspasan el umbral de la pobreza y cada vez más trabajadores y trabajadoras tienen dificultades para llegar a fin de mes, especialmente entre los colectivos que se dedican a las tareas de cuidado y servicios (empleadas de hogar, cuidadoras a domicilio, personal de residencias, de la limpieza, de los comedores, etc.). Y, entre las personas en situación de vulnerabilidad, quienes sufren las consecuencias más graves son: las migrantes, las trabajadoras sexuales, las personas en situación administrativa irregular y las personas sin hogar. Hay que incidir, además, en que la discriminación por género atraviesa todos estos colectivos vulnerables, aumentando su precariedad y el riesgo de convertir a las mujeres que los componen en potenciales víctimas de la violencia machista estructural de nuestra sociedad. Una mujer migrante, en situación administrativa irregular, obligada a ejercer trabajo sexual para sobrevivir y que no dispone de hogar propio, es el prototipo de vulnerabilidad real durante el confinamiento y después del mismo.
Aceptamos y asumimos la responsabilidad colectiva y personal que tenemos como sociedad civil, al tiempo que demandamos de las instituciones −incluso trabajando conjuntamente si fuera necesario− que administren los recursos públicos, dando prioridad a la atención de las necesidades de todas las personas, especialmente de aquellas que más lo necesitan.
La difícil e inesperada situación generada por el COVID-19, nos obliga a exigir a la puesta en marcha de las siguientes medidas:
Medidas urgentes en la etapa de confinamiento:
1.Recursos habitacionales durante el confinamiento: La acogida de las personas que se encuentran en situación de calle se ha de realizar en condiciones dignas a través de plazas hoteleras, pisos vacíos, etc.
Esta medida es urgente, puesto que las plazas que se ofrecen en albergues y polideportivos municipales no son adecuadas para un confinamiento tan largo, ni en cuanto al número de personas acogidas en cada espacio, ni en lo relativo a las condiciones en las que se encuentran (falta de intimidad, personas de muy diferentes perfiles confinadas en el mismo espacio, ausencia de recursos para pasar mejor las horas de confinamiento, etc.).
Además, esta situación es contraproducente y totalmente desaconsejada para asegurar la protección en la actuación frente al COVID-19.
2.Tramitación de un documento para la circulación emitido por los servicios sociales correspondientes, válido ante los requerimientos policiales, para aquellas personas a las que por diferentes motivos se les haya negado la acogida.
3.Respuesta al control policial: Exigimos el cese de cualquier tipo de violencia policial y que se investigue los presuntos abusos y violencias, especialmente racistas, por parte de los diferentes cuerpos de seguridad, al tiempo que se activen mecanismos internos de seguimiento y evaluación de estos hechos. Además, solicitamos que se abra una investigación independiente desde el Parlamento Vasco para esclarecer las responsabilidades políticas de esta represión policial. La comunidad racializada es quien más está sufriendo y denunciando el trato recibido por los diferentes cuerpos policiales.
Exigimos la supervisión de las intervenciones policiales en los dispositivos especiales de confinamiento y el trato que se dispensa a las personas en ellos acogidas, como un modo de prevenir posibles situaciones de maltrato que pudieran producirse.
Medidas necesarias en la etapa inmediatamente posterior:
4.Medidas administrativas y económicas, una vez terminado el confinamiento dirigidas a asegurar:
– La protección de las personas que se han quedado sin trabajo, que han sido desahuciadas, que tienen problemas para el pago de sus alquileres, etc. Estas medidas estarían respaldadas con políticas en positivo orientadas a facilitar viviendas en alquiler a las personas que las necesitan.
– La protección de las personas que se encuentran en los dispositivos de acogida temporales, adecuando soluciones en función de los diferentes perfiles de las mismas, tales como: plazas de albergue específicas con horarios adecuados, centros de día, pisos tutelados, etc. Está política respetará y dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Cartera de Servicios y Prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales y se implementará en todos los municipios bajo la coordinación de EUDEL.
Se ha de prestar especial atención al colectivo de personas jóvenes ex tuteladas, quienes, en estos momentos, permanecen en los centros a pesar de haber llegado a la mayoría de edad, y que, una vez termine el tiempo de alarma sanitaria, pasarán a formar parte del grupo de personas que, por carecer de techo, viven en la calle. Exigimos una coordinación entre los diferentes municipios e instituciones para que se respete su antigüedad en el padrón a la hora de poder optar a diferentes servicios y se generen recursos habitacionales ajustados a su situación que, por otro lado, es conocida por las instituciones. Es inaceptable que estas personas, para acceder a un servicio o programa, tengan que pasar antes por situación de calle.
5.Empadronamiento: Se ha de garantizar el empadronamiento para todas las personas y, para ello, se habilitarán los mecanismos necesarios, especialmente el uso del padrón social, bien a través de los Servicios Sociales municipales, o a través de entidades sociales; en este último caso, se deberá ampliar el reconocimiento de la capacidad de empadronamiento social a aquellas entidades sociales que así lo requieran. El padrón supone la puerta de acceso a los derechos básicos que nos asisten como ciudadana/o y, por eso, no es de recibo que ninguna persona que resida en nuestros pueblos y ciudades esté sin empadronar.
Merece especial atención el caso de tantas y tantas personas con problemas de empadronamiento en su vivienda habitual y que no pueden acceder al empadronamiento social por no cumplir con los requisitos necesarios.
Así mismo, los ayuntamientos deben garantizar el empadronamiento a las personas actualmente acogidas bajo su tutela en los dispositivos de confinamiento, prueba irrefutable de su residencia en la localidad, aunque no dispongan de vivienda.
6.Implementación de una Renta Básica Universal: La situación de emergencia en la que nos encontramos exige implementar una Renta Básica de carácter universal −para toda la población−, incondicional −sin requerimientos previos− y de forma inmediata.
La Renta Básica Universal se implementará con fecha 30 de abril y durará un mínimo de 9 meses, es decir, hasta final de año. Estos nueve meses permitirán evaluar sus efectos y rediseñar su formulación, ya que, dado que la crisis va a ser dura y persistirá más allá del final del estado de alarma, dicha renta básica universal tendrá que mantenerse en el tiempo.
7.Regularización administrativa de las personas migrantes: Nos sumamos a las diferentes campañas que han venido surgiendo en este tiempo de crisis. Sabemos que no es una competencia del Gobierno Vasco, pero este tiene la capacidad de solicitar al Gobierno Español su transferencia o, en su defecto, de diseñar políticas que mitiguen los efectos que se derivan de la situación de irregularidad. Exigimos, y en esto la Administración autonómica tiene plena competencia, que todas las personas menores tuteladas lleguen a su mayoría de edad provistas de sus documentos de identidad y de su permiso de residencia, tal y como recoge el protocolo de atención a menores extranjeros no acompañados.
DAGOKION ERAKUNDEARI ZUZENDUTAKO ESKARIA (UDALAK, FORU ALDUNDIAK, EAEko LEHENDAKARIA, NAFARROAKO GOBERNUKO PRESIDENTA, etab.)
COVID-19 larrialdiak zerbitzu sozial publikoek eta haien arteko koordinaketak duen garrantzia nabarmendu du. Era berean, azken hamarkadetan egindako murrizketen ondorioz osasunean, hezkuntzan, ingurumenean, lanean eta bizikidetzan izandako atzerakada handiak agerian utzi ditu. Gainera, pertsona migratzaileen kasuan, austeritate-politiken eragina larriagotzen ari da “Atzerritarren Legea” bezalako legeak dakartzaten Giza Eskubideen urraketagatik.
Politika horien ondorioz, eguneroko bizitzaren prekarizazioa zabaldu egin da. Pobreziaren atalasea gainditzen duten pertsonen kopurua handitu egin da, eta gero eta langile gehiagok hilabete bukaerara heltzeko zailtasunak dituzte, batez ere zerbitzu eta zaintzetan dabiltzatenak (etxeko langileak, etxez etxeko zaintza, egoitzetako langileak, garbiketakoak, jantokietakoak…). Eta zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonen artean, hauek dira ondorio larrienak jasaten dituztenak: migratzaileak, sexu-langileak, egoera administratibo irregularrean dauden pertsonak eta etxerik gabekoak. Gainera, azpimarratu behar da generoagatiko bereizkeriak kolektibo zaurgarri guztiak zeharkatzen dituela, haien prekarietatea areagotuz, eta haiek osatzen dituzten emakumeak gure gizartearen egiturazko indarkeria matxistaren biktima izan daitezkeela.Emakume migratzaile bat, egoera administratibo irregularrean dagoena, bizirik irauteko lan sexuala egitera behartuta dagoena eta etxe propiorik ez duena, konfinamenduaren eta haren ondorengo zaurgarritasun errealaren prototipoa da.
Gizarte zibil gisa dugun erantzukizun kolektiboa eta pertsonala onartu eta geure gain hartzen dugu, eta, aldi berean, erakundeei eskatzen diegu —beharrezkoa balitz elkarrekin lan eginez— baliabide publikoak pertsona guztien beharrei erantzuteko erabil daitezen, bereziki gehien behar dutenak lehenetsiz. .
COVID-19ak sortutako ezusteko egoera zail honek, erakundeari, ondorengo neurriak eskatzera behartzen gaitu:
Premiazko neurriak konfinamendu-garaian
1.Egoitza-baliabideak konfinamenduan: kalean dauden pertsonak baldintza duinetan hartu behar dira, hotel-plazen, pisu hutsen eta abarren bidez. Neurri hori premiazkoa da; izan ere, udal-aterpetxe eta kiroldegietan eskaintzen diren plazak ez dira egokiak konfinamendu luze honetarako, ez espazio bakoitzean hartutako pertsona-kopuruari dagokionez, ezta dauden baldintzei dagokienez ere (intimitaterik eza, espazio berean profil oso desberdineko pertsona konfinatuak, konfinamendu-orduak hobeto pasatzeko baliabiderik ez izatea, etab.).
Gainera, egoera hori kaltegarria da eta ez da batere gomendagarria COVID-19ren aurkako jarduketan babesa bermatzeko.
2.Dagokien gizarte-zerbitzuek emandako zirkulaziorako dokumentu bat izapidetzea, polizia-errekerimenduei erantzuteko baliozkoa izango dena, hainbat arrazoirengatik harrera ukatu zaien pertsonentzat.
3.Poliziaren kontrolari emandako erantzuna: edozein motatako polizia-indarkeria bertan behera uztea eskatzen dugu, eta ustezko gehiegikeriak eta indarkeriak ikertzea, bereziki arrazistak, segurtasun-kidegoek egindakoak, eta, aldi berean, gertakari horien jarraipena eta ebaluazioa egiteko barne-mekanismoak aktibatzea. Gainera, Eusko Legebiltzarretik ikerketa independente bat irekitzea eskatzen dugu, errepresio polizial horren erantzukizun politikoak argitzeko. Komunitate arrazializatuak pairatzen eta salatzen du gehien polizia-kidegoek emandako tratua.
Konfinamendu-dispositibo berezietako poliziaren esku-hartzeak eta horietan hartutako pertsonei ematen zaien tratua gainbegiratzea eskatzen dugu, gerta daitezkeen tratu txarrei aurrea hartzeko modu gisa.
Hurrengo etapan hartu beharreko neurriak
4.Konfinamendua amaitu ondoren, honako hauek ziurtatzera bideratutako neurri administratiboak eta ekonomikoak:
– Lanik gabe geratu diren pertsonak babestea, etxegabetu direnak, alokairuak ordaintzeko arazoak dituztenak, etab. Neurri horiek behar dituzten pertsonei alokairuko etxebizitzak ematea helburu duten politika positiboen bidez babestuko lirateke.
– Aldi baterako harrera tokietan dauden pertsonen babesa, haien profilen arabera konponbideak egokituz, hala nola: ordutegi egokiak dituzten aterpe-plaza espezifikoak, eguneko zentroak, tutoretzapeko etxebizitzak, etab. Politika horrek errespetatu eta bete egingo du Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Zerbitzu eta Prestazioen Zorroari buruzko Dekretuan xedatutakoa, eta udalerri guztietan ezarriko da, EUDEL-en koordinaziopean.
Arreta berezia eskaini behar zaie tutoretzapeko gazte ohiei; izan ere, horiek, une honetan, zentroetan jarraitzen dute, adin-nagusitasunera iritsi arren, eta, osasun-alarmako denbora amaitutakoan, kalean bizi diren pertsonen taldean sartuko dira, etxerik ez dutelako. Udalerrien eta erakundeen arteko koordinazioa eskatzen dugu, erroldan duten antzinatasuna errespeta dadin hainbat zerbitzu jasotzeko aukera izatean, eta haien egoerari egokitutako bizitegi-baliabideak sor daitezen; bestalde, erakundeek ezagutzen dute hori. Onartezina da pertsona horiek, zerbitzu edo programa bat eskuratzeko, lehenago kalean egon behar izatea.
5.Erroldatzea: pertsona guztientzat erroldatzea bermatu behar da eta, horretarako, beharrezkoak diren mekanismoak martxan jarriko dira, errolda soziala erabiltzea bereziki, udaleko gizarte-zerbitzuen bidez edo gizarte-erakundeen bidez. Azken kasu horretan, erroldatze-gaitasunaren aitorpena zabaldu beharko zaie, holan eskatzen duten gizarte-erakundeei. Errolda, herritar gisa ditugun oinarrizko eskubideak eskuratzeko atea da, eta, horregatik, ez da onargarria gure herri eta hirietan bizi den inor erroldatu gabe egotea.
Arreta berezia merezi du ohiko etxebizitzan erroldatuta egoteko arazoak dituzten eta beharrezko baldintzak ez betetzeagatik erroldatze soziala lortu ezin duten hainbat eta hainbat pertsonen kasuak.
Era berean, udalek bermatu egin behar dute gaur egun beren tutoretzapean konfinamendu-dispositiboetan dauden pertsonen erroldatzea; kasu hauetan ezin da ukatu herrian bizi direnik, nahiz eta etxebizitzarik ez izan.
6.Oinarrizko Errenta Unibertsala ezartzea: Gaur egungo larrialdi-egoerak Oinarrizko Errenta martxan jartzeak eskatzen du, unibertsala -herritar guztientzako-, baldintzarik gabekoa -aldez aurretik inolako baldintzarik bete gabe- eta berehalakoa. Oinarrizko Errenta Unibertsala apirilaren 30ean ezarriko da, eta gutxienez 9 hilabete iraungo du, hau da, urtea amaitu arte. Bederatzi hilabete horiek aukera emango dute ondorioak aztertzeko eta beharko balitz formulazioa berriz diseinatzeko; izan ere, krisia gogorra izango denez eta alarma-egoeraren amaieratik harago iraungo duenez, oinarrizko errenta unibertsal horrek denboran zehar iraun beharko du.
7.Migratzaileen erregularizazio administratiboa: krisi garai honetan sortu diren kanpainekin bat egiten dugu. Badakigu ez dela Eusko Jaurlaritzaren eskumena, baina hark ahalmena du Espainiako Gobernuari transferentzia eskatzeko edo, bestela, irregulartasun-egoeraren ondorioak arintzeko politikak diseinatzeko.
Aitzitik, tutoretzapeko adingabeen kasuan administrazio autonomikoak eskumen osoa du. Kasu honetan, adin-nagusitasunera nortasun-agiriekin eta egoitza-baimenarekin iritsi daitezela eskatzen dugu, bakarrik dauden adingabe atzerritarrei arreta emateko protokoloak jasotzen duen bezala.
