– La afectada es una mujer de 41 años, víctima de violencia machista, con dos hijos a su cargo
– Este martes 26 de noviembre comienza el plazo para la decisión judicial del desalojo
– Ni el Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa a la familia
Activistas sociales de ARGITAN y Berri Otxoak, han continuado con las protestas en Barakaldo en contra de la pretensión del Gobierno Vasco de desahuciar de un piso de alquiler a una madre con dos hijos de 6 y 15 años, que es víctima de violencia machista. Las movilizaciones se han puesto en marcha ante la previsión de que el juzgado ordene la expulsión en cualquier momento a partir de este 26 de noviembre.
NOTA DE PRENSA
La asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak han impulsado esta protesta con la que además denuncian que las Administraciones públicas, al promover o permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad y, especialmente, cuando hay menores perjudicados.
En este caso, es la Sociedad Pública de Alquiler Alokabide, de Gobierno Vasco, la que ha pedido a la justicia el desahucio de la mujer de 41 años, víctima de violencia machista, y sus dos hijos de 6 y 15 años. Argitan y Berri-Otxoak han destacado que el Ejecutivo autonómico presidido por el lehendakari Urkullu e integrado por PNV y PSE desalojó a 184 familias vascas sólo en 2018.
La asociación feminista y la plataforma contra la exclusión social han arremetido además contra el Ayuntamiento de Barakaldo, cuyos servicios sociales, al igual que Alokabide, no han atendido durante meses a la víctima de este nuevo desahucio, pese a las solicitudes en este sentido planteadas por la mujer amenazada con quedarse en la calle.
Ni el Ayuntamiento ni el Gobierno Vasco han ofrecido hasta la fecha ninguna opción a esta familia y ni siquiera han respondido a la petición de la mujer para mantener una reunión desde que el 30 julio pasado el juzgado aplazó el desalojo.
Esta madre lleva ya un año y medio intentado que los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo o el Servicio Vasco de Vivienda regularicen su situación y el uso de la vivienda en la que reside. En este sentido, y por sugerencia de la oficina del Ararteko, ha remitido en dos ocasiones un escrito dirigido a la Sociedad Pública de Vivienda Etxebide, de Gobierno Vasco en mayo del 2018 y el pasado 18 de noviembre. No ha tenido respuesta.
Argitan y Berri-Otxoak han recordado que cada semana se producen una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 1.500 desahucios desde que, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida la vecina Amaia Egaña en el mismo momento en el que comitiva judicial procedía a ejecutar la expulsión de su piso en el barrio de Desierto.
“Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013, a raíz de la muerte de Amaia Egaña, por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado este pasado mes de febrero”. De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.
